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El Pleno del Congreso de los Diputados debatió este jueves el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado en Consejo de Ministros el 26 de julio de este año con la que se pretende clarificar las competencias municipales con el fin de evitar duplicidades entre administraciones y garantizar estabilidad financiera y presupuestaria. Se rechazaron todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.
El texto recoge las competencias que deben ser desarrolladas por los ayuntamientos, diferenciándolas de las del Estado y de las de las Comunidades Autónomas y sólo cuanto esté garantizada la prestación de servicios obligatorios, sea sostenible financieramente y no se incurra en duplicidad, se podrán prestar otros servicios no obligatorios.
La ley también incluye la potenciación de las Diputaciones Provinciales como garantes de la prestación de los servicios, sobre todo en los municipios pequeños y que los procesos de fusión de municipios serán voluntarios y tendrán incentivos, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones. El número de concejales del municipio resultante sería temporalmente el resultado de la suma de los fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica Electoral General.
Con todas las medidas incluidas en la Ley, el Gobierno prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2013-2019.
Se trata de una Reforma Local polémica y que ha llevado al Ejecutivo a retirar determinados puntos como la supresión de ayuntamientos, la limitación de los cargos de los concejales, la intervención directa de las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, la eliminación de salarios de los alcalde de municipios de menos de 1.000 habitantes o el coste estándar de los servicios.
El Gobierno del PP recortará los derechos a más de 260.000 habitantes de la provincia de León con su Reforma Local, según el PSOE
Las diputadas socialistas por León, Helena Castellano y María Luisa González Santín, acusan al Gobierno del PP de recortar los derechos a más de 260.000 habitantes de la provincia de León -que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes- con su Reforma de la Administración Local, porque “lo que está en juego es la prestación de los servicios sociales públicos, de calidad y proximidad que reciben mas de 260.000 vecinos, además de la cohesión social y territorial que hemos construido entre todos y todas durante décadas”.
El voto a favor del PP en el Pleno del Congreso de la Reforma Local -y en contra de las enmiendas a la totalidad de los diferentes grupos políticos al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local- “confirma nuestros peores presagios de que este es un paso consciente y deliberado del desmantelamiento del estado del bienestar que tanto ha costado construir a generaciones españolas”, han señalado las parlamentarias bercianas.
En su opinión, el Ejecutivo central debe rectificar, porque “hasta los suyos le están pidiendo que lo hagan”. “Que a nadie le quepa la menor duda de que derogaremos esta ley en cuanto tengamos ocasión, tal y como ha anunciado el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrias”.
Las diputadas recuerdan que León es una de las provincias más afectadas por su reforma, ya que es de las que más ayuntamientos alberga de toda Castilla y León, 211 -un 95 por ciento tienen menos de 5.000 habitantes-. Además, González Santín, como alcaldesa de un municipio pequeño de menos de 1.000 habitantes -Vega de Valcarce- considera que “es la puntilla final al desamparo que vivimos en el medio rural y lo poco que se nos ayuda, y que de por si los ayuntamientos pequeños tenemos que hacer encaje de bolillos para prestar todo tipo de servicios a nuestros vecinos, y ellos encuentran en el ayuntamiento el soporte necesario para todo tipo de ayudas, servicios y necesidades”.
Por otra parte, el secretario de Política Municipal del PSOE y, Gaspar Zarrías, ha defendido la enmienda de totalidad del Grupo Socialista al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Una ley que, ha dicho, es una “chapuza fruto de prejuicios e imposiciones foráneas” y una “tropelía”. Además, “no resuelve los problemas de las entidades locales, sino que les da muchos más problemas y genera un problema a millones de ciudadanos”. “Sí a reforma local que actualice el mundo local; no a esta reforma”, ha firmado el portavoz, que ha denunciado que la ley supone un “ataque demoledor y destructor de la administración local”.
Zarrías ha explicado que este proyecto ha recibido críticas brutales desde todos los ámbitos -citado al presidente de Castilla y León- y ha criticado que la ley “ni clarifica competencias, ni evita duplicidades y ha anunciado que el PSOE presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El portavoz también ha calificado de “mentira” que el Gobierno se pueda ahorrar 8.000 millones de euros con la reforma, como pretende. “Los ayuntamientos han hecho los deberes en esta crisis”, ha recordado el diputado, y lo único que se pretende es “desmantelar” los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.
IU de Fabero ha presentado una moción contra el proyecto de Ley
IU de Fabero ha presentado en el consistorio una moción para su discusión en Pleno y es que consideran que dicho documento se pretende modificar el ámbito competencial local sin contar con éste ni con la administración autonómica. Aseguran que se “procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno, despreciando y desconociendo que el nivel local de gobierno es una estructura nuclear del Estado Constitucional”.
“La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares”, aseguran.
Pero además, creen que no se eliminan duplicidades, sino que “en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin un análisis económico financiero serio, sino que de lo que se trata es simplemente de justificar un ahorro final de 8.000 millones de euros”.
Por ello, IU propone al Pleno del Ayuntamiento de Fabero la retirada inmediata del texto, adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma, adherirse a cuantas plataformas de ponen en marcha en defensa de un municipalismo democrático, una propuesta de trabajo para la reforma local e instar la convocatoria inmediata de una reunión extraordinaria de la Federación de Municipios.