La minería privada de interior no rentable se cerrará el próximo año a cambio de 44,5 millones de euros

A. J. García Nistal El Gobierno prepara a pasos agigantados unos Presupuestos Generales para el 2016 antes de finalizar la legislatura y con un escenario de elecciones a final de este año. En el borrador, que circula ya entre los altos cargos de los Ministerios de Industria y Energía y los de Economía y Hacienda, comienzan a verse interesantes apartados que podrán finalmente ser aprobados o no en el Congreso, tras el debate que se prepara para el próximo agosto.

La “pista” la ofreció la semana pasada el periódico asturiano La Nueva España, según la cual, “el Gobierno prepara un cierre prematuro del sector de la minería del carbón privada de interior”.  La situación se habría “acelerado” por el último siniestro mortal con resultado de un productor minero de Laciana fallecido en el pozo asturiano de Cerredo. “Las minas no rentables no pueden ni deben seguir siendo ayudadas con fondos que bien pueden ir hacia las rentables”, explican fuentes de Industria. El cálculo del coste para las cuentas del Estado del cierre de este tipo de explotaciones se cifra en 44,5 millones de euros.

¿En qué ese gasto?

Aproximadamente, un millar de mineros dejarían los tajos correspondiendo esos 44,5 millones de euros a “591 bajas indemnizadas, 448 prejubilaciones y otras 40 de carácter excepcional”. Si por un lado ese montante aparece en el borrador como gasto a añadir en los presupuestos generales, por otro supone un ahorro de 1,3 millones de euros en el global del Plan, además de otros 73 millones más en ayudas a la producción de carbón nacional pactadas hasta 2018 que ya no se abonarían porque, simplemente, no existirían ya esas minas.

Tal y como desde Industria se ha explicado a Hacienda, la “música” suena bien para los técnicos del equipo de Montoro. Lo que parece que no acaba de convencer es la reiterada repetición de este método para ampliarlo a más empresas mineras con otro tipo de características. El equipo de José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía, reconoce un escenario “probable, en el que las ayudas por bajas indemnizadas se produzcan progresivamente hasta el 2018, si no se pudiera realizar en el 2016, a efectos contables y proyectando en otros presupuestos las previsiones del Plan de la Minería”.

Por un lado, caminan las pretensiones de Industria, por otro la ejecución de la paulatina regularización del sector a un escenario donde solo quede lo rentable, y, por otro, la asignación a presupuestos siguientes el coste de todo ello.