La memoria que yace en las cunetas

El 18 de julio de 1936 se iniciaron casi tres años de Guerra Civil en España, que dieron paso a 40 años de dictadura franquista. Una fecha de la que el próximo miércoles se cumplen 82 años con casi 100.000 cadáveres que aún yacen en cunetas. Cadáveres con nombres y apellidos cuyas familias buscan incesantemente pese al paso del tiempo.

“Detención ilegal, torturas, asesinato y ocultación del cadáver para multiplicar el dolor de las familias”, cuatro delitos “gravísimos” encerrados en uno solo: “la desaparición forzada”. Con estas palabras, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, pide que se aproveche la celebración de esta efeméride, el próximo miércoles, para “reflexionar sobre cosas que nunca debieron haber ocurrido pero que ocurrieron”. Pero también pide algo aún más importante.

El pasado jueves, la ARMH remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que realice un “acto público y notorio” en el que pida una disculpa pública, en representación de todo el Estado, “por haber desatendido a las víctimas del franquismo”.

En concreto, lo que quiere la Asociación es que el Gobierno tome ejemplo de otros países como Alemania, Argentina o Chile porque “no puede ser que eso haya ocurrido y que el Gobierno haya mirado para otro lado” cuando son personas que “han sufrido hechos muy violentos y que un día decidieron luchar para que hubiera unas urnas donde entraran papeletas y llegara la democracia en este país”. Una democracia que en el momento que se instauró “se olvidó del pasado”, ya que “ningún presidente del Gobierno ha reconocido públicamente el sacrificio de toda esa gente que luchó por la libertad”.

Sin embargo, por encima de todo ello, lo que Emilio Silva reivindica es “que se atienda a los familiares” de los cadáveres que aún se encuentran en las cunetas, porque “en este país han muerto miles y miles de personas esperando a que el Estado las ayudara y viendo cómo parece que hay unas víctimas que tienen todos los derechos, como ocurre con las víctimas del terrorismo, y otras que no”.

Búsqueda de desaparecidos

El presidente de la ARMH no llega a mostrarse satisfecho con el anuncio realizado esta semana por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que aseguró que el Gobierno asumirá la búsqueda de desaparecidos que aún yacen en fosas y cunetas y elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

“Es una vergüenza que nosotros llevemos 17 años ayudando a gente que busca donde puede una posibilidad de encontrar ayuda, cuando eso lo debería hacer el Estado, por eso llevamos desde el 2010, año en el que existimos como Asociación, pidiéndoselo al Gobierno”, asegura Silva, ya que “existen informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que indican que esa es la responsabilidad del Estado, porque en casi todos los países del mundo donde ha habido desapariciones forzadas, como el caso de la española, son los estados quienes buscan a las personas desaparecidas”.

Para el presidente de la Asociación, este anuncio “solo se podrá celebrar cuando sea un hecho, esté en los documentos en los que tenga que estar escrito y se esté llevando a cabo”, mientas que por el momento “es solo una intención, un discurso”.

Dirección General de la Memoria Histórica

Tampoco celebra Silva la creación de la Dirección General de la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, sino que esperará a hacerlo “cuando hagan cosas”, porque para el presidente de la ARHM “todo tiene que ver con la voluntad política”, ya que “la ley de la memoria histórica nació con muy poca voluntad política e incluso el primer gobierno que la incumplió fue el gobierno que la propuso y creó”.

Bajo su opinión para el puesto de dirección en este nuevo ente, “el gobierno no debería haber nombrado a alguien que no vaya con las siglas del partido, sino que debería haber sido alguien de la judicatura o los derechos humanos “.

Por eso, por la cuestión de voluntad política, para él es todo un ejemplo el Gobierno Vasco, que sin una ley como tal “ha digitalizado cientos de miles de documentos, ha hecho montones de exhumaciones y homenajes, ha investigado, grabado testimonios de supervivientes, etcétera”.

Sin embargo, en el caso concreto de Castilla y León, Emilio Silva considera que “se ha creado una reglamentación de la memoria que sirve para ponernos obstáculos”, ya que impide realizar exhumaciones “ante las que estamos listos pero que están sin la autorización de los ayuntamientos porque tiene que contestar un gobierno”.

Peticiones

Hace aproximadamente un mes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica envió al Gobierno un documento en el que se recogían una serie de peticiones que se podrían llevar a cabo “sin necesidad de cambiar la ley de la Memoria, desde el poder ejecutivo”.

Entre estas peticiones se encuentra coordinar todas las comunidades autónomas , así como hacer un catálogo de todos los sitios construidos por esclavos políticos, ya que “no existe en España un registro de todas las obras públicas y privadas hechas por ellos”.

Dicho documento hace referencia también a la preocupación de la Asociación por la enseñanza “porque realmente en la enseñanza sobre la historia contemporánea en España siempre se han puesto todos los obstáculos del mundo, como que el temario empiece en la Revolución Francesa y termine en la Transición, a donde nunca da tiempo a llegar”.

“En los libros de texto se dicen muchas cosas que son casi falsificaciones de la historia, ejerciendo una labor de ocultación de asuntos como las fosas comunes, la represión sufrida por las mujeres o cómo encarcelaban a los homosexuales, asuntos que deberían ser prioritarios porque hablan de un pasado inmediatamente anterior al presente que vivimos”, lamenta.

La ARMH también quiere que se elabore un informe técnico de todos los espacios del Valle de los Caídos donde hay restos humanos, “para así poder decidir realmente qué se puede exhumar y que se deje de especular”.

Finalmente, solicitan también “la apertura de muchos archivos que a día de hoy están totalmente impermeabilizados a los investigadores, historiadores, asociaciones y la sociedad en general, que tiene derecho a conocer su pasado”.