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La Asociación de Autoescuelas de León, integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), alerta de los graves problemas que provoca en todo el sistema, principalmente en lo que respecta a los exámenes de conducir, la disminución de los servicios que presta la Jefatura Provincial de Tráfico.
El colectivo denuncia que esta situación es consecuencia de la falta de funcionarios en este organismo, en particular de examinadores. En los últimos cuatro años la Jefatura ha pasado de nueve a cinco examinadores y se han perdido otros 15 funcionarios en otros puestos, aseguran los empresarios de autoescuelas. Además, está previsto que el primer trimestre del año se jubilen otros dos examinadores.
En este contexto, lamentan una pérdida de calidad de la prestación de servicios de la Jefatura, “a pesar del esfuerzo de sus funcionarios, quienes asumen una mayor carga de trabajo”. Ello, añaden, también repercute en la disminución de exámenes realizados cada año, provocando una lista de espera de más de 3.500 alumnos. También perjudica a los alumnos, que, después de haber pagado sus tasas ven retrasado su derecho a obtener el permiso de conducir e incluso, con frecuencia, la pérdida de oportunidades de conseguir un trabajo.
En lo que respecta a la actividad de las autoescuelas, afirman que la situación provoca para ellas inseguridad e incertidumbre en el sistema de exámenes, así como grandes dificultades para que la organización del trabajo tenga la calidad necesaria, tanto para sus trabajadores, como para los alumnos.
A todo ello, señalan en un comunicado, se une la amenaza de la implantación del sistema de citación a examen Capa, “que protege la incapacidad de la administración para dar un servicio adecuado a la demanda de los ciudadanos. Un sistema que penaliza a los aspirantes al carnet de conducir que, de nuevo, pagan sus tasas por un servicio adecuado y castiga a las autoescuelas, que pagan impuestos, limitando su capacidad de trabajo”.
La Asociación Provincial de Autoescuelas considera “inaceptable” esta situación y demanda agilidad en la reposición de las plazas libres que no se han cubierto en la Jefatura, adaptar la ratio de examinadores y demás funcionarios a la realidad, con un número de examinadores adecuado al número de pruebas que son necesarias hacer para mantener un plazo entre exámenes con una cadencia máxima entre 10 y 15 días y establecer sistemas que permitan sustituir a los examinadores en sus ausencias de forma que se pueda atender la demanda por igual en todas las épocas del año.