La Junta pide al Gobierno que reconsidere un Mapa de Transportes que suprime 474 paradas, 3 de ellas en el Bierzo

Tras la reactivación del borrador del nuevo Mapa Concesional de Transportes por parte del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León ha confirmado que ya cuenta con un diseño del nuevo sistema de transportes de Castilla y León, motivo por el que ahora solicita la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes al Ministerio como requisito indispensable para reconsiderar el planteamiento inicial del mismo.

Según argumenta desde la Consejería de Movilidad y Transporte Digital, el nuevo Mapa Concesional Estatal suprime tres de cada cuatro paradas actuales en Castilla y León, con 474 paradas afectadas en 346 municipios de las nueve provincias de la Comunidad. Hay casos muy significativos, como los de las provincias de León o Palencia, donde la supresión afecta al 90 por ciento de las paradas actuales. El mapa que promueve desde el año 2022 el Gobierno de España “abandona”, en definitiva, a más de 200.000 habitantes del medio rural. Los municipios perjudicados en Castilla y León suponen el 24,4 por ciento de los afectados en España.

En la provincia leonesa, 40 municipios perderán su parada, en los que viven un total de 54.922 personas. En el Bierzo, desaparecerían las paradas interautonómicas de Palacios del Sil, Toral de los Vados, Toreno y Vega de Valcarce.

Por este motivo, desde el Gobierno autonómico se considera necesario “garantizar previamente la calidad y eficiencia del servicio a los ciudadanos de Castilla y León para que no se vean penalizados por retrocesos ni obligados a realizar transbordos en sus recorridos”.

Además, también se reclama dotar de una financiación estable a las comunidades autónomas, “un requisito indispensable para poder avanzar en las licitaciones del transporte en la Comunidad. La información ofrecida por el Ministerio no tiene en cuenta la diversidad territorial de todo el país, en especial de Castilla y León, donde la Junta no ha tenido en cuenta el número de usuarios del transporte público para garantizar el cien por cien de estos servicios”.

En este sentido, desde la Junta se recuerda que la financiación que ofrece el Ministerio es de 40 millones de euros anuales a repartir entre todas las comunidades, una cuantía “a todas luces insuficiente” si se tiene en cuenta que el coste mínimo por la prestación de los servicios que deja de realizar la Administración General del Estado con el nuevo mapa concesional y que pretende que asuman las diferentes comunidades asciende a unos 110 millones de euros.