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La Junta de Castilla y León arrancó este lunes una serie de reuniones enmarcadas en el grupo de trabajo constituido para definir la cartera común y homogénea de competencias de las mancomunidades de interés general rurales y los consorcios provinciales de servicios generales, reguladas en la Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio. El objetivo es alcanzar una propuesta consensuada, a partir de la cual la Consejería de la Presidencia elabore un decreto en el que poder recoger competencias y servicios. ‘Una administración, una competencia’, así como “eficacia, eficiencia y capacidad son los criterios generales sobre los que se basa el análisis de competencias”.
En este primer encuentro, presidido por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, se abordaron las tres primeras materias locales concretadas en la previa reunión de constitución: infraestructuras generales, servicios administrativos, cooperación y asistencia interadministrativa. Las reuniones del grupo de trabajo rotarán por diversas provincias de la Comunidad. La próxima será el 7 de marzo y en ella se analizarán las materias de infraestructura viaria supramunicipal, municipal, abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, alumbrado en vías públicas, cementerios, parques, jardines, áreas recreativas y zonas de esparcimiento.
En estas reuniones se trabaja sobre las diferentes materias, competencias y funciones locales de gestión de servicios y administrativas, que actualmente están atribuidas a los municipios; también se analizará si deben continuar ejerciéndose en ese ámbito municipal o es más operativo que se desarrollen en las nuevas mancomunidades de interés general rurales o consorcios provinciales de servicios generales.
Los criterios generales que se han aplicado en el análisis y la distribución competencial entre unas entidades locales y otras son el principio de ‘una administración, una competencia’; los principios de eficacia y eficiencia, de tal forma que el ciudadano tenga garantizada la prestación de los servicios públicos, pero al menor coste posible, aplicando las economías de escala; y el principio de capacidad, de tal manera que se ha distinguido dentro de los ayuntamientos tres tramos de población para analizar las competencias y funciones: hasta 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000 habitantes y de 5.000 a 20.000 habitantes.
El calendario de trabajo previsto se desarrollará de modo paralelo a la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. El Gobierno autonómico impulsa la configuración de esta cartera homogénea de competencias y servicios para que, una vez aprobado dicho mapa de UBOST, esté a disposición de los municipios que voluntariamente quieran constituir una mancomunidad de interés general rural y puedan formalizarla.
Este tipo de mancomunidad se convierte en una herramienta que ofrece la Ley de ordenación del territorio para que la unión voluntaria de municipios les haga más fuertes. Asimismo, dar estos pasos facilitará que el medio rural disponga, como ya puede hacerlo el urbano, de la posibilidad de creación de estas mancomunidades de interés general.
Participantes en la reunión
María de Diego y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, participan por parte de la Consejería de la Presidencia en este grupo de trabajo, el que también tienen presencia veinte representantes locales designados por parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
A la reunión de este lunes asistieron alcaldes y concejales de Cogeces de Íscar y Santovenia de Pisuerga, en Valladolid; Peñarandilla, en Salamanca; Murias de Paredes, en León; Muñoveros, El Real Sitio de San Ildefonso y Cantimpalos, en Segovia; Ólvega y Almazán, en Soria; Doñinos de Salamanca, en Salamanca; Aguilar de Campoo, en Palencia; y Arévalo, en Ávila.
A ellos se sumaron los presidentes de las diputaciones de Zamora y León, Mayte Martín Pozo y Juan Martínez Majo, respectivamente; así como la vicepresidenta primera de la Diputación de Soria, Esther Pérez; la diputada provincial de Segovia, María del Socorro Cuesta; Francisco Javier Calvo, de la Mancomunidad Bajo Pisuerga, de Valladolid; el presidente de la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca de Roa (Burgos), Adolfo Criado; el vicepresidente de la Mancomunidad Bajo Arlanza (Burgos), Javier Lezcano; y Miguel Ángel Lozano, de la Mancomunidad Mansurle, de León.