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La Junta modifica la prórroga del presupuesto ante la situación de crisis generada por el Covid-19

El decreto supone que los gastos de todas las consejerías se verán condicionados a excepción de los pagos de las nóminas y los gastos ordinarios de mantenimiento
Sede de la Junta de Castilla y León

La Consejería de Economía y Hacienda ha modificado el decreto que regula las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19, según recoge el su edición de hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La resolución recuerda que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que si el proyecto de presupuestos no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo.

Sin embargo, la actual situación de pandemia internacional ocasionada por el Covid-19 y la declaración del estado de alarma exige adaptar las normas que regulan la gestión presupuestaria durante el período de prórroga a las nuevas circunstancias con el fin de garantizar la necesaria suficiencia financiera que permita el funcionamiento de la administración, cumplir con los compromisos contraídos y disponer de los recursos que permitan hacer frente a las necesidades que demanda el momento actual.

El decreto supone que los gastos de todas las consejerías se verán condicionados a excepción de los capítulos 1 y 2, correspondientes a los pagos de las nóminas y los gastos ordinarios de mantenimiento. Según recoge la resolución, los gastos de personal, con cargo al capítulo 1, se imputarán en base a las remuneraciones previstas individualmente para la categoría respectiva, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2020 en el ámbito del sector público de la Comunidad de Castilla y León y disposiciones que lo desarrollan. Los gastos corrientes en bienes y servicios, con cargo al capítulo 2, y hasta el límite del crédito inicial, a nivel de vinculación, aprobado en el Presupuesto para 2018, se imputarán por el importe de los gastos ordinarios de funcionamiento necesarios para mantener la prestación de los servicios públicos.

Los gastos financieros, con cargo al capítulo 3, y los pasivos financieros, con cargo al capítulo 9, se imputarán por los importes derivados de la cobertura del coste de las operaciones de crédito y de otros costes de análoga naturaleza.