El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó este jueves destinar 3,3 millones de euros para apoyar la contratación de trabajadores desempleados para la realización de trabajos de mejora medioambiental, por parte de las diputaciones provinciales de la Comunidad.
Los destinatarios de este programa serán trabajadores en situación de desempleo que serán contratados por las diputaciones provinciales de las nueve provincias de Castilla y León. Los 3,3 millones de euros, que serán distribuidos entre las entidades provinciales servirán para financiar los costes salariales y de Seguridad Social que se deriven de los contratos de los desempleados, que intervendrán en obras y servicios de interés general, específicas en materia de prevención de incendios, y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental.
De la cuantía total, la Diputación de Ávila contará con 400.000 euros, la de Burgos con 350.000 euros, la leonesa dispondrá de 500.000 euros y la de Palencia gestionará 300.000. Por su parte, la Diputación de Salamanca podrá contratar trabajadores por 400.000 euros, la de Segovia tendrá un montante de 300.000, la de Soria también 300.000, al igual que la de Valladolid. Por último la Diputación de Zamora podrá contratar trabajadores con la subvención de 450.000 euros que le corresponde.
La distribución de las subvenciones se ha realizado con el criterio ponderado que ha resultado del cálculo basado en el 50 por ciento en función de la tasa de paro de la provincia, el 25 por ciento en función de la superficie forestal provincial y el 25 restante en función del número de incendios provinciales en los últimos 5 años.
Por otra parte, los destinatarios de estos contratos deberán ser desempleados inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del Ecyl. En concreto, se priorizarán a los jóvenes menores de 35 años, de forma preferente a aquellos que no tengan cualificación. Tendrán preferencia también los mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares y finalmente los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a los que hayan agotado prestaciones y las personas en riesgo de exclusión social. En cualquier caso se valorará la experiencia en trabajos de carácter forestal y medioambiental. Los contratos serán temporales con una duración mínima de 180 días a jornada completa y deberán formalizarse antes del 1 de mayo.