La Junta dedicará 1,9 millones a las labores de supresión de pequeños vertederos o escombreras ubicados en la provincia leonesa, según lo recordó hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien firmó un acuerdo con el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, entidad que sufraga la construcción de almacenes de residuos.
León tiene 321 “depósitos irregulares”, en palabras del consejero, de las 2.263 ‘mini-escombreras’ localizadas en toda la comunidad autónoma, y a cuya supresión de destinarán diez millones de euros en un programa que se desarrollará éste y el próximo año. “Existe una situación inaceptable y queremos que en Castilla y León haya cero residuos en el medio natural”, subrayó el consejero.
La Junta se encargará de retirar las escombreras y re-naturalizar los espacios que ocupaban y para evitar su reproducción, “las diputaciones son los socios ideales y aportarán los espacios de recogida de residuos”, remarcó.
Gestión de residuos
Suárez-Quiñones comentó que en los últimos años Castilla y León destinó más de 120 millones a la supresión de 556 grandes vertederos, de los que 88 se localizaron en la provincia leonesa, que recibió casi 24 millones para ese fin.
También recordó que en materia de infraestructuras de residuos se invirtieron 257 millones -56,7 en León- tanto para puntos limpios, como centros de gestión o el Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega, cuyo nuevo vaso (que tendrá un coste de 5,6 millones) estará en servicio en un plazo de unos tres meses. “Somos una comunidad bastante avanzada en infraestructuras y gestión de residuos”, resumió.
Programa provincial
La Diputación de León, detalló Juan Martínez Majo, invertirá diez millones de euros hasta 2019 para desarrollar el Plan Provincial de Residuos Inertes a través de la construcción de plantas de transferencia de residuos de demolición y construcción en los pueblos de la provincia. El objetivo es que los ayuntamientos dispongan de áreas habilitadas que permitan una gestión adecuada de estos residuos procedentes de pequeñas obras y evitar así la proliferación de escombreras ilegales. Cada planta tendrá un coste de unos 11.000 euros de los que el municipio beneficiado aportará unos 1.000.
Una de las condiciones que se exigen a los ayuntamientos es que el punto de tratamiento de residuos esté ubicado en un lugar viable urbanísticamente, al tiempo que se establecen unos requisitos mínimos como una superficie de 130 metros cuadrados para ubicación de los contenedores, una valla perimetral, una puerta de acceso de vehículos con cinco metros de anchura y un cartel de normas para el uso de la instalación.
