La Junta acatará la sentencia sobre los centros sociales de mayores pero confirma que no renunciará a su modelo de innovación

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, confirmó hoy que la Junta acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha anulado el decreto que regula la autorización y funcionamiento de los centros sociales de mayores en la Comunidad, aunque aseguró que no renunciará “nunca” al modelo de atención a las personas mayores, que se ha convertido en un referente a nivel nacional, por estar centrado “en la persona”.

“Acataremos la sentencia, pero no renunciaremos al modelo de innovación social de atención a las personas”, declaró García, quien apeló a la “dignidad y a la calidad” para no quedarse “anclados en la institucionalización”, sino “innovar” y atender a las personas mayores “como si estuvieran en su casa”, que recalcó que es lo que persigue el modelo ‘Mi casa’.

Aunque no entró en más detalles, al ser una sentencia que se conoció esta misma mañana, Alicia García insistió en que en el texto se cuestionan “defectos en el procedimiento” de tramitación, al ser aspectos “más exigentes” de lo que pide la tramitación de un decreto de la Junta de Castilla y León. Por el momento, son los servicios jurídicos los que están estudiando la sentencia, tras lo que se recurrirá si así se estima necesario, o se elaborará un nuevo decreto teniendo en cuenta “estos requisitos más exigentes”, explicó García.

De cualquier forma, la consejera se mostró firme a la hora de asegurar que no se renunciará al modelo que se está aplicando, que ha sido consensuado con el sector, al entender que “es el camino”, dijo. “Lo más fácil es no hacer nada, pero quien no hace, no se confunde, y vamos a seguir apostando por el modelo de Castilla y León, que es innovación, somos señeros y piensa en las personas de Castilla y León”, declaró.

Con esta sentencia, el modelo podrá seguir desarrollándose aunque será necesario buscar “la fórmula” que tengan en cuenta la petición de la sentencia, que pasa por mejorar el procedimiento de tramitación de elaboración de participación de un decreto. “Es un modelo contrastado y que tienen una evidencia más que de sobra de que es bueno para los profesionales, las familias y las personas”, recalcó la consejera.

Por su parte, el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), Diego Juez, recordó que la Comunidad ha sido “pionera y diferente” en un aspecto “muy especial” que hace que otras comunidades pongan la mirada en este territorio “con ojos diferentes”. A su juicio, el camino recorrido hasta el momento “ya no es de retorno” al tiempo que advirtió de que la forma de tratar a los mayores “está cambiando, va a cambiar y debe cambiar”.

Por ese motivo, Juez insistió en que no se pueden mantener decretos “antiguos” o formas de tratar a los mayores “bastante atrasadas”, sino que abogó por situar a los mayores “en el centro del sistema”, de ahí que el modelo que se vienen aplicando en Castilla y León sea “clave” desde el punto de vista económico, de gestión y de atractivo para los mayores. “Si en algo tenemos ventaja y somos diferenciadores en Castilla y León es en los servicios sociales, principalmente en este modelo que está activo y por el que hay que apostar firmemente”, pidió.