La juez ve indicios de delito en el caso de presunta estafa de seguros

La pasada semana, declaraba como imputada en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ponferrada la hija del matrimonio acusado por un presunto delito de estafa y falsificación de documentos de productos financieros. Con anterioridad, al inicio de este 2013, lo hacía Emilio E.C.

Ahora, la juez que instruye el caso ha dictado un auto con las diligencias previas después de realizar las investigaciones pertinentes indispensables para la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo.

De este modo, el auto recoge que de las diligencias instructoras practicadas se desprende la “existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, sin perjuicio de la calificación que posteriormente dará el Ministerio Fiscal, así como las partes personadas, imputar a los tres acusados, el matrimonio y su hija, un delito continuado de estafa.

Según se recoge en el auto, estos delitos se hayan comprendidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que conjuntamente considerados, no exceden de los nueve años de pena privativa de libertad.

Ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas tienen un plazo común de 10 días para solicitar la apertura del juicio oral “formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para la tipificación de los hechos”. La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días y/o recurso de apelación en el plazo de 5 días.

Cabe recordar que Emilio E.C y Flora B.R, el matrimonio imputado, están acusados de un presunto delito de estafa y falsificación de documento después de que once personas los denunciaran tras invertir dinero en productos financieros como depósitos o fondos y prometiéndoles intereses en torno al 6% y supuestamente no ingresaban el dinero en ningún producto de inversión de la aseguradora Catalana Occidente, aunque todas las operaciones y justificantes llevaban el anagrama de la firma de seguros. El dinero que se les reclama podría ya superar los 300.000 euros.