El Fiscal pide cinco años de cárcel, la pena máxima, para el celador acusado de provocar el incendio que calcinó 300 hectáreas en Ancares en el año 2011, por un delito de incendio forestal intencionado con agravante del daño causado a una reserva natural, a lo que se sumaría una responsabilidad civil con una indemnización cercana a los 300.000 euros y una multa de 5.400 euros, según informa Radio Bierzo.
Por su parte, la acusación particular, es decir, la Junta de Castilla y León, o la popular, que ejercen grupos ecologistas, podrían pedir hasta 20 años de cárcel si se considera que el delito pudo tener algún riesgo para la integridad física de las personas.