El equipo de Enseñanza de la Diócesis de Astorga defendió este miércoles que la asignatura de religión “debería seguir estando en los planes de estudio, como cualquier otra asignatura” y criticó que la nueva ley de educación, la conocida como ‘Ley Celaá’, que se presenta en el Congreso de los Diputados, imponga un serie de condiciones que convierten en un “acto heroico” el hecho de apuntarse a esta materia. Según el delegado de Pastoral Educativa, Máximo Álvarez, los más de 14.000 alumnos que escogen la clase de religión al inicio de cada curso en los 112 colegios públicos y en los 12 concertados situados en territorio de la Diócesis son “el mejor referéndum” para pulsar la opinión de la sociedad en este ámbito.
En ese sentido, Álvarez aseguró que “la Iglesia no puede permanecer indiferente ante la preocupación sobre la formación que van a recibir las siguientes generaciones” y reclamó al Gobierno que abandone el “sectarismo” en aras de alcanzar un acuerdo. “La ministra tiene que escuchar lo que la calle le reclama”, aseguró el delegado de Pastoral Educativa, que consideró que “este tema no puede pasar desapercibido y llamó a las familias a tomar conciencia de la situación.
En esa línea, Álvarez confió en que la presión que puedan ejercer familias y profesores, así como las campañas en redes sociales obliguen a abrir el debate sobre la conveniencia de esta nueva Ley de Educación, la que sería la octava del periodo democrático. “Es triste ver que no haya un consenso después de tanto tiempo”, afirmó el religioso, que reiteró en varias ocasiones que el problema “no es cuestión de partidos políticos, es una cuestión de sentido común”.
De la misma manera, Álvarez defendió un modelo de “formación integral en libertad” y criticó que “no se puede imponer una ideología caduca y obsoleta como el comunismo”, al que definió como “una teología que nos lleva a la miseria”. Al respecto, señaló que, a excepción de Francia, único país laico del continente, todos los países europeos imparten religión en los centros públicos y recordó el carácter “aconfesional” del Estado español.
Aspectos concretos
Entre los aspectos concretos de la nueva ley que despiertan mayores recelos entre los responsables de la Diócesis, Álvarez señaló que, una vez aprobado el texto que pretende sacar adelante el Ejecutivo, la materia de religión no tendrá una “asignatura espejo”, lo que provocará “desigualdad” entre los alumnos. Igualmente, el delegado diocesano lamentó que la nota de esta asignatura no cuente en el currículo académico, lo que contribuye a la “desmotivación” del alumnado que la cursa.
En esa línea, Álvarez consideró que el texto “descuida el aspecto espiritual y religioso del ser humano” y recalcó “la cultura y la tradición de un pueblo no se entienden sin conocer su religión”. “Formar a un alumno no significa formar a un robot”, subrayó el delegado diocesano, que reprochó a la nueva ley su espíritu de “igualar a los alumnos por abajo”, al permitir las repeticiones de curso sólo a final de ciclo y suprimir las reválidas.
Acuerdos Iglesia-Estado
Por su parte, la coordinadora de Enseñanza de la diócesis, Rebeca Baelo, criticó el “sigilo” en la tramitación de una “ley nacida a la sombra de la pandemia, sin pacto, sin diálogo y sin consenso”. “Es un despropósito”, subrayó Baelo, que acusó al Gobierno de “hacer oídos sordos a la sociedad” y de incumplir los artículos de la Constitución que hacen referencia al derecho a la formación religiosa.
En ese sentido, la coordinadora de Enseñanza recalcó que “el Estado no es el responsable de la educación, tiene un papel subsidiario; el derecho lo tienen las familias” y defendió que la asignatura de religión “no es un privilegio de la Iglesia, es un derecho de los alumnos y las familias”, recogido en los acuerdos entre Iglesia y Estado firmados en el año 1979.
Alumnos y profesores
Baelo fue también la encargada de presentar las estadísticas de la Diócesis respecto a esta asignatura. Según la coordinadora de Enseñanza, son un total de 14.137 los alumnos que optan por la materia de religión en los colegios situados en la zona de influencia del Obispado, frente a 5.763 que escogen cursar la “asignatura espejo”.
Ello supone un porcentaje del 72 por ciento, cifra que se eleva al 98 por ciento en el caso de los centros concertados. “Son datos más que suficientes para defender la permanencia de la asignatura”, aseguró Baelo, que recordó que la situación también coloca “en el disparadero” a los 75 profesores que imparten la materia en los centros públicos.
Totalmente de acuerdo. Dejemos las dictaduras atrás y vivamos en democracia señores políticos.