La corrupción democrática

Las conclusiones del primer informe sobre la corrupción, elaborado por la Unión Europea, son demoledores, no sólo por lo que cuesta al conjunto de países de la Unión tales prácticas, más de 120.000 millones de euros al año, sino por la desmoralización ciudadana que provoca, cuando una parte de la sociedad vive momentos difíciles por la grave situación económica. Además el fenómeno de la corrupción constituye una vulneración flagrante de los derechos humanos porque viola el derecho a la igualdad ante la ley, ya por el tráfico de influencias, ya por conseguir favores ilícitos a cambio de dinero u otras prebendas; se trata, en definitiva, de competencia desleal.

En todos los países de la Unión, en mayor o en menor medida, existe corrupción, aunque los hay que se llevan la palma, como España. La comisaria europea, Cecilia Malmstrom,  ha manifestado que no es papel de la Comisión elaborar un ranking de países corruptos, sólo denunciar su existencia y lo que nos cuesta; pero otros lo han hecho y en ellos nuestro país ocupa el tercer puesto por detrás de Grecia e Italia: somos un país de corruptos, que podemos parangonarnos e incluso superar a muchos países del Tercer mundo. Todos los días desde hace años nos desayunamos con nuevos escándalos de corrupción, lo que ya nos parece algo normal.

Al contrario que en otras ocasiones, en las que miramos para otro lado o nos indignamos por la mala imagen que proyectan sobre nosotros o sobre los países mediterráneos -la calificación de pigs por los angloxajones-, en esta ocasión, somos los propios españoles los que lo decimos. Al parecer el 95% de nuestros compatriotas piensan que la corrupción está generalizada en nuestro país, hasta el punto que según el CIS es ya la segunda preocupación de la ciudadanía por detrás del paro. El informe se refiere a la corrupción existente en los partidos políticos y organizaciones sindicales, en los diferentes niveles de la Administración, sobre todo la local y autonómica, señalando cuáles son algunas de las causas que la provocan.

Esto es interesante porque hasta ahora lo único que se denunciaba era a las personas implicadas en prácticas de corrupción, pero nunca a las instituciones o las organizaciones, tal vez por aquello de que “societas delinquere non potest”. El Código Penal español no recoge el delito de corrupción (si cuando se habla de corrupción de menores, etc.), aunque si los de soborno, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etc.; delitos que siempre se personalizan en individuos concretos, sean uno o sean ciento, y que nunca afectan a las organizaciones a las que esas personas pertenecen o en las que militan. Quizá por eso, en 1995, el gobierno de Felipe González (recordemos lo ocurrido con Filesa) creó una fiscalía especial contra los delitos económicos y la corrupción, duramente criticada por los fiscales, porque se les detraía de su jurisdicción tal competencia. Siendo mal pensados, habría que ver en ello un intento del poder político por controlar, una vez más, al poder judicial.

Es cierto que muchas personas se corrompen y hacen de esta práctica una forma de vida de la que se enriquecen, como hemos visto en tantos casos en la administración local, pero también en personas de mayor relieve público como Luis Bárcenas (contabilidad ilegal del PP), Jordi Pujol, hijo (caso ITV), Iñaki Urandangarín (Noos), Mañas (el sindicalista andaluz conseguidor de jubilaciones), Sandro Rosell (fichaje de Neymar), etcétera por no seguir. Hay ciertamente muchas personas que por los cargos que ocupan se ha dejado sobornar o han prevaricado; pero los que sobornan, a su vez, son igualmente corruptos porque se aprovechan de esas prácticas ilícitas para conseguir lo que de otro modo, en legítima competencia, no podrían lograr. Es, como decíamos, competencia desleal.

Desde hace muchos años conocemos, además, casos de corrupción que afectan a los partidos políticos, como Filesa (PSOE), Gürtel (PP), Palau (CiU); a los sindicatos, como a la UGT en Andalucía por los ERES que investiga la juez Alaya, a las organizaciones patronales o a los bancos y cajas de ahorro, por ejemplo Caja Madrid (Miguel Blesa y sus compañeros en el consejo de administración en los que había políticos y sindicalistas), por no hablar de Caja España, Caixa Galicia, Caja del Mediterráneo, Caixa Barcelona, etc., donde sus directivos se lo llevaron crudo, dejando a miles de preferentistas arruinados. También en estos casos los tribunales aíslan a los que están implicados directamente sin meterse para nada con las organizaciones; pero es indudable que son éstas las culpables porque han utilizado, en ocasiones, a esas personas para lograr recursos o financiación ilegal.

Cuando los de arriba, que deberían dar ejemplo –buen ejemplo se supone-, se benefician de la corrupción, es lógico que los de abajo también se queden con algo, que se les pegue entre los dedos algunas migajas, lo que termina convirtiendo todo el tejido social en podredumbre maloliente. ¿Se corrompe con ello la democracia? Algunos defienden que no, que tales prácticas afectan solo a los individuos a los que hay que perseguir; pero no al sistema democrático, cuyas leyes permiten esa persecución de los individuos implicados en tales prácticas, que hay que entender sencillamente como desviaciones éticas de gente sin escrúpulos. No es verdad, cuando la corrupción se generaliza, como estamos viendo en España, la que se resiente es la propia democracia porque se minan sus fundamentos, por no decir que la democracia, tal como se ha configurado en estos dos siglos, conduce inexorablemente a esa corrupción (esto a los fundamentalistas democráticos les parecerá sacrílego).

La corrupción económica individual solo la punta del iceberg, es la más visible, la que huele peor porque es la que difunden, a veces como cortina de humo, los medios de comunicación, pero no es la única; solo el primer analogado de un sistema en el que hay más elementos corruptos, como hemos visto en el caso de la corrupción política, sindical, bancaria. Pero tampoco la corrupción de las organizaciones políticas y sindicales para financiarse es la peor, aunque nos rasgamos las vestiduras cuando se denuncian casos como los de Filesa, Gürtel o los ERES andaluces. La partitocracia (y los sindicatos en España son en realidad partidos políticos más que organizaciones sociales), con su control de todos los poderes del Estado y su vampirización de todas las organizaciones sociales, ha destrudido la separación de poderes y ha corrompido los principios democráticos.

Hay otra corrupción política menos visible pero más dañina porque, utilizando torticeramente argumentos como el de la libertad (el derecho a decidir) y la democracia (el voto de un territorio frente a la soberanía nacional) se busca romper la unidad de la patria, con las consecuencias económicas y sociales que ello puede acarrear: más pobreza, desigualdad, menos servicios sociales, etc. Por eso también hay que tipificar como actos de corrupción la excarcelación de presos etarras y la legalización de partidos que, usando fraudulentamente la democracia, destruyen como topos la nación; del mismo modo es un flagrante caso de corrupción todo el proceso soberanista en Cataluña, secesión auspiciada desde el gobierno de la Generalidad y, por tanto, una sedición el gobierno central contempla con los brazos cruzados o que pretende callar con paños templados. Esto sí que es corrupción ¿nos preocupa a los españoles?.