La Audiencia Provincial de León condena al consejero delegado de Catisa por un delito medioambiental en la cantera de Las Médulas

La Audiencia Provincial de León condena al consejero delegado de Catisa, José Luis Martínez Parra, a cuatro años y un día de prisión como “autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente” por la cantera de Peña del Rego, en el entorno de Las Médulas, y al pago de una indemnización de 475.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para llevar a cabo las actuaciones de restauración en la zona afectada.

Por otro lado, el juez también le impone una multa de dos años y un día con una cuota diaria de diez euros, inhabilitación especial para profesión u oficio durante tres años y un día y al pago de la mitad de las costas, según oficializó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En su fallo, la sala absuelve al alcalde de Carucedo, Clemades Rodríguez, del delito de prevaricación ambiental de que venia siendo acusado por el Ministerio Fiscal por la concesión de licencia ambiental a Catisa en 2009 y que se concedió en Junta de Gobierno en vista a dos infromes favorables, incluido el de la Comisión Territorial de Medio Ambiente.

Esta empresa se hizo con la explotación de la cantera en 1981, sucediendo a Caleras Bercianas SL -que estaba en actividad desde 1968-. Así, se consideran hechos probados que desde el 2004 la cantera y sus instalaciones han ocupado una superficie de unas 68 hectáreas, de las que 63,5 hectáreas corresponden a las dos autorizaciones concedidas por la Junta y el resto “obedeciendo a una ocupación, de hecho, por parte de Catisa”.

La sentencia valora que la actividad desarrollada por la empresa ha supuesto “una severa afectación paisajística para el entorno natural en el que se asientan la cantera y sus instalaciones”, destacando que su frente de explotación a llegado a tener más de mil metros de longitud. Rompiendo la continuidad del monte y su vegetación”.

“Resultando perceptible sin dificultad desde el conocido como mirador de Orellán, pese a estar este a unos cinco kilómetros de la cantera”, resalta el texto, al tiempo que indica que la ocupación ha incidido “negativamente” en la fauna y en la vegetación y arbolado de la zona, favoreciendo la acción erosiva, que se ve “notoriamente acrecentada” por el movimiento de tierras.

A esto suma, que tanto los sedimentos de la erosión como del material particulado que genera la explotación, por ser a cielo abierto, terminaban siendo arrastrados por el aire y el agua al arroyo Balado, sin previa decantación, y de este al embalse de Peñarrubia. A esto se suma que la actividad en la cantera se ha desarrollado “sin sujeción a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y sin Licencia Ambiental, infringiéndose por tal motivo distinta normativa sobre protección medioambiental”.