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La Audiencia Provincial de León acoge desde este lunes y a lo largo de tres días, el juicio contra el celador de Ancares, Alberto G.G., presunto autor del incendio ocurrido en octubre de 2011 que calcinó más de 300 hectáreas en la Reserva de los Ancares, entre las localidades de Porcarizas y Campo del Agua, en Villafranca del Bierzo.
El juicio se ha iniciado esta mañana con la constitución del jurado popular, formado por once personas, que será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor, que se enfrenta a un delito por incendio forestal con agravantes, a unas penas de cárcel que van desde los 5 años -solicitada por el Ministerio Fiscal, la Junta de Castilla y León y la Fundación Oso Pardo- hasta los 18 que piden las organizaciones ecologistas, y a una indemnización de 295.000 euros por los daños causados y los gastos generados en la extinción del incendio.
Antes del inicio del juicio, el abogado defensor del celador de Ancares ha defendido la inocencia del acusado, asegurando que ninguna de las 40 declaraciones que se prestarán durante el juicio involucran directamente a su representado y ha negado que se haya negociado un posible un acuerdo con la acusación. “Se negocia cuando hay algún sentimiento de culpabilidad, cuando hay inocencia no se negocia. No hemos negociado con nadie porque partimos del supuesto de que nuestro cliente es inocente. Hay casi 40 declaraciones donde ninguna de ellas involucra directamente a mi representado en la producción de esos incendios. Parece ser que fue una temporada en la que se produjeron muchos incendios en la zona y había necesidad de buscar algún culpable y le tocó en esos momentos a Alberto García”, aseguraba el abogado defensor.
Ya por la tarde ha declarado Alberto García, quien ha mantenido su inocencia y ha asegurado haberse enterado del incendio por la emisora que llevaba en el coche y que en el momento del inicio de las llamas se encontraba acompañado.
A su vez, ha incurrido en varias contradicciones con respecto a su declaración inicial, como con quien estaba a la hora en la que comenzó el incendio o si había gente en los alrededores del lugar.
Introducir osos o lobos en una zona habitada es un acto criminal, se mire como se mire, es una agresión a la población, ES GUERRA BIOLÓGICA, ES TERRORISMO.
El oso y el lobo exterminan al ganado y hasta a la Guardia Civil matan y no contentos con matarnos y exterminar nuestra fauna, el goloso oso se carga las colmenas para que las abejas no puedan polinizar las plantas y así cargarse también nuestra flora.
Los daños producidos por el lobo y el oso así como su erradicación, deben pagarlos los que los han introducido. Han estado criando osos y lobos, para luego introducirlos, e incluso han introducido osos eslovenos y lobos italianos. Además de hacer frente a la responsabilidad patrimonial, debe de exigírseles su responsabilidad penal, como a cualquier terrorista sea de Al-Qaeda o no, de acuerdo con las leyes internacionales.
Ya es hora de que los que han introducido al oso y al lobo (que estaban erradicados) en España, paguen su crimen. Cualquier clase de TERRORISMO es repugnante, pero si es terrorismo de estado, mucho más.
Las armas biológicas se utilizan para causar daño a las personas, así como para dañar a los animales y los alimentos que consumimos día a día, su finalidad es matar, incapacitar e impedir seriamente a un enemigo.
El AGRO-TERRORISMO, es una forma de bioterrorismo que centra sus ataques en el ganado y en la producción agraria
La ONU en su resolución 1373 (2001), declara explícitamente que todo acto de terrorismo constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y que «los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas». En la resolución también se exige a todos los Estados que tipifiquen como delito los actos de terrorismo, castiguen los actos de apoyo o preparación de delitos de terrorismo, tipifiquen como delito la financiación del terrorismo, DESPOLITICEN LOS DELITOS DE TERRORISMO, congelen los fondos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo, e intensifiquen la cooperación internacional en materia penal
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