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La Audiencia Nacional condena a Alfredo Prada a siete años de prisión por prevaricación y malversación

Los hechos están relacionados con la adjudicación de 24 contratos por un valor total de 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011
Alfredo Prada Presa / C. Sánchez
Alfredo Prada Presa / C. Sánchez

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel a Alfredo Prada, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, por un delito continuado de prevaricación en concurso con malversación agravada. Los hechos están relacionados con la adjudicación de 24 contratos por un valor total de 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011.

Además de Prada, la Sección Primera de la Sala Penal ha impuesto penas de tres años y seis meses de prisión a cuatro antiguos miembros del equipo directivo del proyecto: Isabelino Baños, exdirector general técnico; Alicio de las Heras, exdirector financiero; Andrés Gómez Gordo, exdirector de Seguridad, y Félix José García de Castro, exletrado asesor. Todos ellos han sido condenados por el mismo delito, considerados cooperadores necesarios.

El tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas a todos los condenados, debido a la prolongación del proceso judicial.

Por otro lado, Mariano José Sanz, exsubdirector general técnico, ha sido absuelto. El tribunal concluyó que un máster que cursó, presuntamente cuestionado, formaba parte de una indemnización pactada por su despido.

El fallo también exime a todos los acusados del delito de fraude contra las administraciones públicas, por el que eran señalados tanto por la Fiscalía como por la Comunidad de Madrid.

Prada, Baños, de las Heras y Gómez Gordo han sido condenados a indemnizar solidariamente a la Comunidad de Madrid con 40,4 millones de euros. Según la sentencia, los acusados, que integraban la mesa de contratación del Campus de la Justicia, llevaron a cabo adjudicaciones sin contar con previsiones económicas, estudios de coste ni controles administrativos, omitiendo la intervención de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

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