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La alcaldesa acusa a la oposición de “tirar al desagüe” las obras e inversiones previstas en las pedanías

Acusa a los grupos municipales que votaron en contra de intentar sacar rédito electoral tumbando las cuentas y les hace responsables de que el medio rural pierda un millón de euros
Gloria Fernández Merayo. / QUINITO

V.R.O. / D. Álvarez La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, compareció este miércoles ante los medios para valorar “reposadamente” la sesión plenaria que tumbó este martes el proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno y que obligará al Ayuntamiento a seguir funcionando con los presupuestos de 2016, que ya se prorrogaron en 2017), por valor de 51 millones frente a los 58 que proponía el proyecto para este año. La regidora volvió a referirse a la jornada como “día triste” y defendió el “intento desesperado” por salvar las cuentas a través de una oferta a los grupos de la oposición para que distribuyeran los tres millones de remanentes de tesorería en las inversiones que considerasen oportunas, algo que calificó de “acto de generosidad”.

Tras el rechazo a las cuentas, la alcaldesa reconoció que “se podrá negociar alguna obra” con modificaciones de créditos pero destacó que la ciudad perderá hasta seis millones que sí figuraban en los presupuestos tumbados. Además, “lo más sangrante”, remarcó, es la pérdida de inversiones por importe global de un millón de euros para las 16 pedanías del medio rural del municipio. “Tiraron por el desagüe las obras previstas en las pedanías y condenaron al ostracismo a los que más nos necesitan”; “les han negado el pan y la sal”; aseguró, recordando a la oposición que en el caso del medio rural y en otros no es posible la realización de modificaciones de créditos para compensar las inversiones perdidas.

Tras el rechazo, las dos prioridades del equipo de Gobierno pasan por “encontrar la fórmula” para salvar dos proyectos de envergadura como las obras en el Castillo de los Templarios o el Área de Regeneración Urbana (ARU) en el barrio de La Puebla. En el primer caso, el Ayuntamiento debe aportar 300.000 euros para un proyecto que suma inversiones por valor de dos millones. En el caso del ARU, la aportación municipal es de 150.000 euros para un proyecto con un montante global de más de 4,5 millones. “No podemos permitir que por no aportar esas cuantías, se pierdan esas inversiones”, remachó.