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Benjamín López El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostró su “satisfacción” por el convenio firmado en la tarde de este lunes con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, según el cual Castilla y León contará con algo más de 101 millones -77 que aporta el Estado y 24 la Junta- para ejecutar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en la comunidad. A su juicio, el plan introduce “mejoras” destinadas sobre todo a combatir la despoblación en el ámbito rural.
“Se han introducido una serie de mejoras que habíamos luchado desde Castilla y Léon sobre todo las que hacen referencia a la defensa del mantenimiento de la población en el medio rural”, dijo Suárez-Quiñones al finalizar el acto protocolario de la firma del convenio. En concreto, se refirió a la “rehabilitación individual”, una medida “muy adecuada”, a su juicio, para el medio rural, y también al “fomento de la compra de vivienda por jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes”. Además, añadió, al respecto, también se incrementan las ayudas al alquiler para menores de 30 años y mayores de 65.
Según explicó, el convenio refleja un “incremento de las aportaciones” tanto por parte del Estado como de la Junta, de tal manera que “de 80 millones hemos pasado a 101,92 millones”, tal y como se acordó con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y se plasmó en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 .
Esa mayor cuantía de dinero “permitirá incrementar todas las líneas de ayudas previstas “para las personas más necesitadas”, algo que “encaja perfectamente dentro de la política social de vivienda de la Junta de Castilla y León”. Y es que, según dijo, esa política se pactó “en el seno del Consejo del Diálogo Social” integrado por Comisiones Obreras, UGT, Patronal y Junta de Castilla y León.
Según detalló tras la reunión el Ministerio de Fomento, los 101,2 millones de Castilla y León irán destinado a ocho programas distintos que el propio Ejecutivo regional detalló al Ministerio. EL más cuantioso será el programa de ayuda a los jóvenes, dotado con 29,5 millones de euros para el periodo 2018-2021, seguido de las ayudas al alquiler de vivienda, que dispondrá de 29,56 millones. Otros 18,3 millones irán al programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, mientras 9,17 millones se destinarán a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. Una cantidad idéntica se destinará al programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.
De igual manera, 2,04 millones se emplearán en ayudar a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, otros dos millones irán dedicados al programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y la misma cantidad se empleará en el fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.
Según explican desde el Ministerio, durante la vigencia del Plan se podrá modificar la distribución de los fondos entre programas con objeto de adaptarse a las demandas de ayudas sobrevenidas. No obstante, para llevar a cabo una modificación, Castilla y León deberá contar con la conformidad del Ministerio de Fomento.
En términos generales, el Plan Estatal de Vivienda contempla ayudas para el alquiler de viviendas a personas cuyos ingresos, sumados los de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Estas ayudas serán de hasta el 50 por ciento de la renta y para alquileres de hasta 600 euros al mes o, en algunos supuestos, hasta 900 euros mensuales. El límite de la ayuda es, con carácter general, del 40 por ciento de la renta. Este porcentaje se eleva hasta el 50 por ciento para los menores de 35 años y los mayores de 65.
Para los jóvenes, se otorgan además ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos 5.000 habitantes, lo que ayudará a reducir la despoblación en el ámbito rural. También se conceden ayudas de hasta el 100 por cien de la renta a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual para el alquiler de viviendas disponibles de las entidades financieras u otros propietarios.
Además, recoge ayudas para la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, destinadas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.
Asimismo, se conceden ayudas a la rehabilitación edificatoria: mejora de la eficiencia energética, conservación y mejora de la accesibilidad de viviendas y edificios; ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural con un énfasis en los supuestos de infravivienda y chabolismo o ayudas a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbana y rural.
Por otro lado, se conceden ayudas a la promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad con objeto de destinarlas al alquiler durante un plazo mínimo de 40 años. Se trata de viviendas con instalaciones y servicios comunes adaptados y con alquiler limitado. Están destinadas a arrendatarios con pocos ingresos.