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La Junta de Castilla y León y los agentes del Diálogo Social firmaron este miércoles el plan de choque para favorecer el empleo y mantenimiento de las empresas y puestos de trabajo más afectados por la crisis del COVID, dotado con 82 millones de euros para 27 líneas, con una preferente de 21,4 millones para turismo y hostelería. De ellos, cinco para la recuperación de la actividad, que se complementará con un próximo convenio con Iberaval para facilitar créditos y liquidez al sector.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación de este plan, aseguró que es “un buen acuerdo” y es el que “necesita” la Comunidad para proteger el empleo y ayudar a autónomos, pymes y trabajadores, si bien reiteró que la recuperación solo llegará desde la seguridad sanitaria.
Fernández Mañueco precisó que la financiación procede de recursos residenciados en las distintas consejerías y confirmó que la convocatoria de las líneas estará antes de que finalice el año, a la vez que manifestó que comprende el “disgusto” del sector de la hostelería por unas “medidas duras” e incluso “impopulares” que se adoptan para proteger la salud.
Tras incidir en la utilidad del Diálogo Social, sostuvo que con este acuerdo se cumple con uno de los puntos del pacto para la recuperación, el empleo y la cohesión social, firmado el pasado mes de junio entre la Junta y la mayoría de los partidos del arco parlamentario de Castilla y León. “Creo en el acuerdo y se va a cumplir”, sentenció.
El presidente de la Junta insistió, durante su comparecencia telemática, en la necesidad de que el Gobierno central lidere y coordine con las autonomías un plan de choque para el turismo y la hostelería y recordó que, en tal sentido, han dirigido varias cartas a la ministra del ramo.
El plan contempla así 21,4 millones de ayudas para el sector hotelero y turístico, 20 para fomento de la contratación canalizado a través de ayuntamientos y diputaciones con más de 2.000 contratos de seis meses, ayudas a trabajadores en ERTE -cinco millones y dos para trabajadores de más de 55 años-, 12,2 para programas de reactivación del consumo y 10,3 para formación y transformación digital.
Medidas
Las medidas recogidas en el plan de choque se dirigen preferentemente a los sectores productivos que están soportando un mayor impacto de la crisis, como la hostelería y el turismo, autónomos y empresas dedicados a estas actividades que contarán con líneas de ayuda específicas o preferentes, que suman 21,4 millones de euros, al tiempo que podrán acceder a 11,4 millones en programas generales de liquidez y crédito con avales, a interés cero.
Así, se habilitan subvenciones directas para la adecuación de espacios seguros que permitan continuar con la actividad en la temporada de invierno, por ejemplo, mediante el cerramiento de terrazas y la instalación de mobiliario de confort (mamparas u otros elementos); ayudas para financiar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores y las contrataciones necesarias para sustituir a empleados de baja por COVID-19; líneas para incentivar la demanda y para la adquisición de equipos de protección colectiva.
También se contemplan apoyos financieros para que las empresas del denominado ‘canal Horeca’ (hoteles, restaurantes y cafeterías) puedan afrontar los pagos a sus proveedores, garantizando así liquidez al sector primario autonómico. Y se establecen bonificaciones al consumo de servicios turísticos realizados en establecimientos de Castilla y León y ayudas al mantenimiento del empleo.
Junto a las medidas específicas para los sectores hostelero y turístico, el Plan de Choque prevé también distintas actuaciones para reactivar el consumo e impulsar el comercio de proximidad, así como medidas de apoyo a los promotores de actividades culturales, feriantes o promotores de orquesta.
Desde el punto de vista del empleo, se incluye una línea de ayudas para fomentar la contratación de desempleados por parte de las entidades locales; para apoyar a mayores de 55 años que se hayan quedado sin su puesto de trabajo durante esta pandemia, y para complementar las prestaciones de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
El documento recoge incentivos a la digitalización, modernización y mejora de la seguridad de las empresas, así como programas para la formación y cualificación de trabajadores y desempleados en competencias digitales.