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La directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, aclaró este martes que el último listado de inmuebles de la Sareb en la Comunidad es de 2.376, no de 2.803, de las que 886 son específicamente casas, de las que ni el diez por ciento está en condiciones de ser habitadas y el resto corresponden a trasteros o garajes. En la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Pardo se refirió así al anuncio del Gobierno en el Consejo de Ministros en relación a las viviendas del conocido como banco malo que saldrán para alquiler social y asequible. “Traslade al Gobierno que cuando tenga una buena ocurrencia, se asesore”, precisó al socialista José Luis Vázquez.
La directora general confió en que las viviendas que se movilizan de la Sareb no sea como “el fiasco” del bono joven de alquiler que ha dejado fuera de las ayudas a siete de cada diez jóvenes, porque manifestó que no escucharon cuando se les dijo que 21 millones eran escasos.
Precisamente, Vázquez centró su intervención en “la pobre realidad” en materia de vivienda por parte de la Junta, cuando las comunidades tienen la competencia exclusiva, y preguntó por las razones para que “se hayan despreciado” programas de vivienda del convenio firmado en julio de 2022 con el Mitma para la ejecución del plan estatal. “Estos programas que no despiertan interés en la Junta del plan estatal afecta a numerosas personas”, lamentó Vázquez, que preguntó si se van a modificar cinco programas de este plan. “La respuesta la conocemos, es la falta activa de política de vivienda”, indicó, para criticar que en 2022 el saldo sea de “cero viviendas de protección oficial”.
Pardo manifestó que el plan de vivienda “goza de buena salud”, recordó que son planes de cofinanciación y añadió que el Gobierno decidió que “sí o sí” las comunidades tenían que poner en marcha una serie de programas, como ayudas al alquiler, aumento del parque público al alquiler y la accesibilidad. En esta tesitura, explicó que la Junta, de acuerdo con el Diálogo Social, adoptó un criterio básico de elección y apostó por las ayudas al alquiler, ya que no es obligatorio poner en marcha los 13 programas del plan estatal de vivienda. “Tenemos una política de vivienda, le gustará o no”, sostuvo.
De los programas con aportación de la Junta, señaló el de accesibilidad y el incremento del parque público de alquiler mediante la adquisición. “Tenemos una política alternativa, no podemos hacer todo”, aseveró. La directora general explicó que las 63 viviendas del antiguo parque de la Guardia Civil en Puente Colgante en Valladolid están acondicionadas para personas con discapacidad. “La autocomplacencia no es la actitud”, replicó Vázquez, que reconoció que en su intervención realizó una enmienda a la totalidad ante aportaciones “pírricas” de la Junta a la vivienda. “El saldo es cero viviendas de protección en 2022”, resumió, para señalar que las 63 viviendas en Puente Colgante llevan 13 años comprometidas.
En esa política alternativa de la Junta al plan estatal, reseñó que se han incorporado 925 viviendas al parque público de alquiler que ha pasado de 1.800 a 2.725, un 15 por ciento a mayores del pago de ayudas al alquiler por jóvenes en el medio rural, la línea de avales por la que los jóvenes solo pondrán un 2,5 por ciento de la hipoteca y no el 20 por ciento o las 1.100 viviendas que se van a construir en modalidad coliving.
Por ello, en respuesta al socialista, concluyó que la Junta tiene una política alternativa de vivienda, pero añadió que no pueden hacer todo y que se centran en el alquiler, en incrementar este parque y en la accesibilidad de los inmuebles para personas mayores, vulnerables o con discapacidad. “No diga que no hacemos nada”, zanjó.