IUCyL rechaza la exención de evaluación ambiental a los proyectos de energías renovables

Izquierda Unida Castilla y León expresó este martes su rechazo a que se exima de evaluación ambiental a los proyectos de energías renovables y explicó que resolver retrasos en la tramitación no puede ser a costa de generar inseguridad respecto al impacto que dichos proyectos pueden tener en los territorios donde se instalen.

En un comunicado, señala la diferencia en que “una cosa son las iniciativas para flexibilizar los trámites que cuenten con amplio respaldo y otra bien distinta que algunas administraciones, grupos o personas vean cómo se aprueban proyectos en sus territorios y que les afectan muy directamente en nombre del ‘interés general’ sin que puedan intervenir en ningún momento”.

Tras indicar que son conscientes de que la lucha contra el cambio climático “es una prioridad absoluta” y asegurar que están comprometidos con la construcción de un nuevo modelo energético cien por cien renovable para el año 2050 apuestan por “una verdadera revolución energética en nuestro país con enormes retos técnicos y tecnológicos”.

“El ahorro y la eficiencia forman la base primordial e imprescindible de una transición energética que abandone definitivamente los combustibles fósiles y suponga un proceso real de descarbonización de la sociedad de un modo auténticamente justo”, destacan.

Consideran que la evaluación ambiental es una herramienta “en ocasiones imperfecta, pero siempre imprescindible para el desarrollo de proyectos” y exigen la tramitación como proyecto del ley del RDL 20/2022 para eliminar esta exención que “no aporta ningún beneficio y va a ocasionar un rechazo aún mayor en los territorios donde se están desplegando miles de proyectos de energías renovables”.

Por todo ello, entienden que los fondos públicos deben, en primer lugar, destinarse con criterios de protección ambiental claros, suficientes y firmes, a favorecer el empleo de calidad y generar un tejido productivo local estable, revirtiendo en toda la sociedad sus beneficios y no limitarse a las colaboraciones público-privadas, donde ser terminan privatizando los beneficios y socializando las pérdidas.