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La Guardia Civil y la Agencia Tribunatia han desarticulado una organización que se encontraba asentada en Burgos y Valladolid que se dedicaba a la importación de vehículos de alta gama siniestrados que simulaban accidentes de tráfico en España con el fin de que la compañía de seguros se hiciera cargo de las reparaciones. En la operación Imericia-Taglitoba se ha procedido a la detención de 14 personas y a la intervención de 14 vehículos de alta gama.
Según fuentes de la Guardia Civil, la organización incrementaba los beneficios mediante la falsificación de los documentos y la defraudación de impuestos pudiendo haber estafado más de 100.000 euros a varias compañías de seguros, y defraudado a la Hacienda Pública en torno a 500.000 euros.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes recibieron una denuncia de una compañía aseguradora, en la que informaba de un posible fraude mediante partes de accidente con vehículos de lujo que portaban matrículas temporales de empresa. La organización adquiría los vehículos de lujo siniestros en otros países de la Unión Europea, para lo que comprobaban que no constasen daños en el aplicativo informático de la marca del vehículo, aprovechando que dos miembros de la organización eran propietarios de un concesionario oficial ubicado en Valladolid.
Una vez que introducían los vehículos en España, y valiéndose de la cobertura de pólizas de seguro “a todo riesgo” de empresas de compra-venta, simulaban accidentes de tráfico para que la compañía aseguradora se hiciera cargo de los cuantiosos costes de reparación. Para ello, la organización contaba con el apoyo de un perito.
Posteriormente, los vehículos eran reparados en talleres multimarca propiedad de miembros de la organización, y se trasferían al concesionario oficial ubicado en Valladolid, a través del cual se vendían a terceros de buena fe con garantía de la marca, sin que quedase constancia de la existencia del siniestro.
Fruto de la investigación, los agentes demostraron que los accidentes de tráfico eran simulados gracias al visionado de numerosas cámaras de vigilancia del tráfico, del análisis de un gran número de expedientes de matriculación, documentación de compra-venta de vehículos, e informes de las ITV, así como de información solicitada a policías de otros países a través de Interpol y AEAT.
Igualmente, se ha procedido a la investigación de las personas que figuraban como conductores de los vehículos contrarios en los partes amistosos de accidentes, descubriendo que todos ellos estaban vinculados personalmente con miembros de la organización. Asimismo, ha sido detenido el propietario de una empresa de grúas, por la supuesta comisión de delitos de falsedad documental y estafa, ya que se ha podido demostrar que no había prestado servicio alguno en los accidentes simulados.
Además, se ha detectado que los detenidos falsificaban las facturas de compra de los vehículos en otros países, alterándolas para que no constasen los daños que tenían, y poniendo a personas físicas como compradores con el objetivo de defraudar impuestos. Con estas facturas falsas, matriculaban los vehículos en España a nombre de otras personas, en algunos casos pagándoles por ello, en otras usurpando su identidad, y a los pocos días los transferían.
Los detenidos habrían podido conseguir la documentación personal de estas personas a través de uno de los miembros de la organización que trabaja como comercial de una empresa dedicada al cambio de compañías suministradoras de electricidad. Asimismo, la matriculación de los vehículos a nombre de terceros, algunos de los cuales no tenían conocimiento de ello, se ha realizado mediante un gestor administrativo colegiado de Burgos, quien llevaba a cabo las gestiones de matriculación ante la Jefatura Provincial de Tráfico por encargo de uno de los miembros de la organización.
A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos, en diferente grado de participación, de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, falsedad documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. Igualmente, se les atribuye un supuesto delito de blanqueo de capitales ya que, el beneficio económico conseguido a través de la actividad delictiva, lo reintroducían en el circuito económico legal a través de la adquisición y venta de nuevos vehículos.
La operación ha sido desarrollada por agentes de Tráfico de la Guardia Civil, Servicio de Información de la Comandancia de Burgos, Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) y la Unidad de Vigilancia Aduanera en Burgos y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos. Las investigaciones siguen abiertas dado que podrían existir ramificaciones de ámbito nacional.