El impacto de la pandemia en 2020 generó un aumento del gasto de casi 1.500 millones en Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, señaló este lunes que el impacto de la pandemia en 2020 generó un aumento del gasto de casi 1.500 millones en Castilla y León, un 14 por ciento más que en 2019, hasta un total de 12.222 millones, cuando solo se habían incrementado un uno por ciento hasta 2019 con respecto a 2017.

Así lo trasladó durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Cortes para presentar el informe ‘Análisis económico financiero del impacto de la COVID-19 en Castilla y León, específicamente las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública’. Se trata de la séptima comparecencia del año, en este caso de un informe a iniciativa propia, que se suma a los otros dos que en su día se incorporaron por mandato del Plan de Recuperación suscrito en verano de 2020 entre los grupos políticos y la Junta.

El ámbito de la fiscalización de este lunes tomó como base el sector público administrativo, es decir, los entes que forman parte del sector público de la Comunidad sujetos al régimen de contabilidad pública, incluidos en la Cuenta General de la Comunidad en los ejercicios 2017 al 2020, si bien Amilivia se detuvo en la gestión del último año. Como novedad, el Consejo incorporó en su web una versión interactiva de este informe para hacer más accesible su contenido, una iniciativa pionera en las instituciones de control externo.

Así, los gastos por operaciones corrientes aumentan un 16 por ciento, pasando de 8.460 millones en 2019 a 9.846 en 2020, cuando hasta entonces habían disminuido un uno por ciento con relación a los existentes en 2017. Los gastos de personal, que habían aumentado un cuatro por ciento hasta 2019, se incrementan en 2020 en 717 millones, un 19 por ciento más. El mayor incremento relativo se produce en gastos corrientes en bienes y servicios, un 38 por ciento interanual en 2020, por importe de 552 millones.

Los gastos financieros mantienen una tendencia descendente, mientras que los de transferencias corrientes crecen un cinco por ciento, con tendencia al alza en todo el periodo. La ejecución del gasto por operaciones de capital tiene una tendencia creciente, situándose en 2020 en 1.181 millones, un seis por ciento más. El volumen de obligaciones por operaciones financieras, que ascendió en 2020 a 1.193 millones, es similar al de 2019. Las modificaciones presupuestarias aumentan un 18 por ciento en 2020.

En cuanto a ingresos presupuestarios, ascienden en 2020 a 12.039 millones, mayores en un 15 por ciento (1.527 millones) con respecto al ejercicio anterior como consecuencia del aumento de las transferencias corrientes, que hasta 2019 tenían una tendencia ligeramente descendente. “Los ingresos tributarios se estancan, los ingresos por operaciones de capital aumentan un tres por ciento, sobre todo en concepto de transferencias, ascendiendo a 344 millones en 2020 y por operaciones financieras crecen un 31 por ciento, “rompiendo la tendencia de años precedentes”. El grado de ejecución de la totalidad de ingresos se sitúa en el 95 por ciento en 2020.

Con la aparición de la pandemia en 2020, la autonomía en el ámbito presupuestario disminuye un punto respecto a 2019, pasando este indicador del 88 al 87 por ciento. La autonomía fiscal también disminuye, pasando del 53 al 51 por ciento, “al estancarse los ingresos tributarios al tiempo que aumentan las transferencias recibidas y la necesidad de recurrir a pasivos financieros”.

La carga financiera global de la deuda en el periodo 2017-2020 pasa del 14 por ciento al 13 reduciendo en un punto el impacto sobre los ingresos corrientes necesarios para atender el funcionamiento de los servicios. Así, el volumen de amortización de pasivos financieros se mantiene a partir de 2019, mientras que disminuyen los gastos financieros en un 15 y los ingresos corrientes aumentan un 13 por ciento.

En este sentido, Amilivia señaló que “el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión”. Así, se constata que el margen de funcionamiento (capacidad de generar recursos derivados de las operaciones corrientes, excluidas las transferencias) experimenta un brusco descenso con respecto a 2019, con una cuantía que se sitúa en valores negativos (583 millones).

Si se tiene en cuenta el impacto neto de las transferencias corrientes se constata que el ahorro bruto muestra también una tendencia desfavorable, pero en este caso con valores positivos en los últimos tres ejercicios, situándose en 186 millones en 2020.

Por otra parte, si de este ahorro bruto se deducen los créditos gastados para atender la amortización de la deuda, el ahorro neto resulta negativo en el periodo analizado, ascendiendo a 940 millones en 2020. Existen necesidades estructurales de financiación en el periodo analizado, que en 2020 ascienden a 650 millones. El resultado presupuestario presenta un comportamiento variable, registrando en los dos últimos ejercicios valores negativos (182 millones de déficit en 2020).+

Per cápita

En cuanto a los indicadores per cápita en 2020, el presidente significó que el gasto público por habitante muestra una tendencia creciente (5.103,31 euros); la inversión por habitante muestra una tendencia ascendente (493,44); la carga financiera soportada por cada ciudadano, una tendencia decreciente (550,68 euros); los ingresos públicos en 2020 son de 5.027,05 por habitante; la presión fiscal se sitúa en 2.559,88 euros por habitante, mientras que el déficit presenta un valor de -76,27 euros por habitante.

Con relación al balance de situación consolidado, que refleja la situación y variación del activo, el pasivo y el patrimonio, el presidente expuso que el sector público administrativo de la Comunidad presentó un patrimonio neto negativo por primera vez en 2019 de -6.156 millones y que en 2020 se situó en -5.860.

Dentro de los elementos para su cálculo, aumenta el pasivo exigible, alcanzando en 2020 los 14.927 millones, siendo relevante el crecimiento del pasivo exigible a largo plazo, que se sitúa en 12.208 millones con un aumento del cuatro por ciento.

Desequilibrio

El balance refleja una situación de desequilibrio, con un fondo de rotación o maniobra (la diferencia entre los activos y pasivos corrientes) que indica necesidades estructurales de financiación para atender las obligaciones a corto plazo. En 2020 fue de -358 millones, inferior a los -715 de 2019, por lo tanto, “con tendencia favorable”. “Coherentemente, la ratio de liquidez general pasa de un 74 en 2019 a un 87 por ciento en 2020 que, sin perjuicio de la mejora, señala una situación que estructuralmente genera tensiones de liquidez”, alertó Amilivia, quien se refirió a los plazos medios de cobro y pago, que se han reducido con respecto a 2019, situándose en 2020 en los 33 y 43 días, respectivamente.

Los indicadores de endeudamiento reflejan una dependencia total de las entidades de crédito y de la emisión de deuda para obtener financiación, constituyendo el pasivo exigible más del cien por cien de los recursos financieros. Así, la deuda soportada por cada castellano y leonés pasó de 6.051 euros en 2019 a 6.233 en 2020. Los indicadores relacionados con la solvencia a largo plazo ponen de manifiesto una “evolución desfavorable en el periodo analizado y por tanto un aumento de la dependencia de terceros”.

El índice de inmovilización es negativo pasando de un -102% en 2019 a un -114% en 2020 por la existencia de un patrimonio neto negativo, lo que vuelve a ratificar la dependencia de recursos financieros ajenos.

Con relación a la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los resultados son positivos en el periodo analizado, con un ahorro de 1.669 millones en 2019, que desciende notablemente en 2020 hasta los 168. En 2020 los ingresos ordinarios son superiores a los gastos ordinarios, en una tendencia favorable.

En cuanto al análisis del impacto de la COVID-19 en la ejecución de ingresos y gastos, así como en la evolución de las políticas y programas presupuestarios, Amilivia indicó en primer lugar que el año en que surge la pandemia, la política de Sanidad, con 4.751 millones, supone el mayor peso relativo del gasto, un 39 por ciento, siendo la que mayor incremento interanual experimenta (1.046 millones).

A continuación, Educación, un 18 por ciento del gasto total, con 2.256 millones y un incremento de 225. Le sigue Agricultura y Ganadería, con el 11 por ciento, que supone 1.313 millones, descendiendo 3,45 millones.

La Deuda Pública también disminuye en 7,77 millones, hasta los 1.268. Servicios sociales representa un siete por ciento, con 871 millones, y un aumento de 79 millones. La política que más aumenta en términos relativos es seguridad ciudadana, un incremento del 536 por ciento y de 62 millones, para situarse en 2020 en 73 millones.

Amilivia detalló que en 2020 los 5.103,31 euros de gasto público por habitante en que incurre la Comunidad se reparten principalmente entre los subprogramas de Atención Especializada, con 1.278,73 euros; 593,41 para Atención Primaria; 529,71 euros a amortización y gastos financieros deuda pública; 415,44 euros a Educación Secundaria, FP, Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas; 383,88 a FEAGA, regularización de mercados; 281,46 euros a Educación Infantil y Primaria; 167,11 se destinan a Enseñanzas universitarias; y 138,03 euros a Servicios sociales básicos e integración social.

En lo referente al análisis del impacto en los ingresos presupuestarios por la COVID-19, a tenor de la información certificada por la Consejería de Economía y Hacienda, el importe total de los derechos liquidados correspondientes a la pandemia provocada por la COVID-19 en el ejercicio 2020 asciende a 911 millones.

El 99 por ciento de los ingresos recibidos son transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado. Los ingresos procedentes del Fondo COVID ascienden a 843 millones y suponen más del 90 por ciento de los fondos recibidos para combatir la pandemia.

Finalmente, el presidente del Consejo de Cuentas explicó que el informe aborda el análisis del impacto COVID producido en el gasto presupuestario, “a nivel orgánico, económico y funcional”. “Ante la ausencia de identificación de las fuentes de financiación y su afección al gasto ocasionado por la pandemia, se constata”, continuó Amilivia, “que el sistema establecido por la Administración autonómica ha tenido una capacidad limitada para identificar los gastos COVID”. Así, en 2020 el importe total de las obligaciones reconocidas certificadas por la Consejería de Economía y Hacienda correspondientes a la pandemia asciende a 453 millones. No obstante, el importe de los documentos contables referidos al COVID, según los datos de la Cuenta General, son superiores por un importe estimado de 136 millones, hasta los 589.

Por todo ello, el aumento del gasto producido en 2020 asciende a 1.468 millones, por lo que el gasto certificado imputado a la pandemia representa el 31 por ciento de dicho incremento.

El mayor gasto computado como COVID es de la Gerencia Regional de Salud, por importe de 239 millones de euros, mientras que 156 se han gestionado por la Administración General de la Comunidad.

En la Gerencia Regional de Salud, el importe mayoritario de gasto corresponde a la Gerencia de Atención Especializada del Hospital Río Hortega de Valladolid con 72 millones; seguido de la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca y la del Hospital Clínico de Valladolid, con 28 y 27 millones, respectivamente.

Dentro de la Administración General, las consejerías que han incurrido en mayores gastos son Fomento y Medio Ambiente con 94 millones; Educación con 33; y Empleo e Industria con 11 millones. En cuanto al SEPE, su mayor gasto es por importe de 16 millones en subvenciones a las entidades locales para contrataciones de personas desempleadas. El Instituto para la Competitividad Empresarial realiza la práctica totalidad del gasto por la pandemia en transferencias de capital que suman 17 millones para apoyar la liquidez de pymes y autónomos.

El 50 por ciento de los gastos COVID-19 certificados, 226 millones, se destina a bienes y servicios. En su mayoría son suministros de material sanitario, de laboratorio, y productos de consumo especifico (mascarillas, guantes, EPIS, etc.), aunque también figuran trabajos realizados por empresas y profesionales o de transporte.

Los gastos de personal ascienden a 75 millones. Con respecto a gastos contabilizados por trasferencias, el importe a empresas privadas asciende a 62 millones. Los gastos COVID han recaído mayoritariamente en la política de Sanidad, más de la mitad, con 237 millones de euros.

Recomendaciones

En el capítulo de recomendaciones, Amilivia concretó que, desde el punto de vista de liquidación del presupuesto, la Comunidad debería llevar a cabo actuaciones para que el margen de funcionamiento alcance niveles positivos. En relación con la solvencia, aconsejó “vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial”.

“La Comunidad debería realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que ha generado un fondo de rotación o maniobra negativo en el periodo analizado. Además, debería corregir la tendencia inadecuada del indicador de liquidez inmediata”, invitó también.

Igualmente, “teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales y en buena medida no han de convertirse en gasto estructural”, Amilivia instó a la Junta a “establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la COVID-19 en el ejercicio 2020, más allá de los textos de los documentos contables”.

En relación con el análisis funcional de los programas y subprogramas de gasto y su impacto derivado de la COVID-19, aconsejó “ejecutarlos siendo coherente con las modificaciones presupuestarias que aprueba la Junta, evitando la existencia de remanentes de crédito a final del ejercicio, especialmente en aquellos en los que su peso relativo es mayor y se encuentran afectados por la pandemia”.

Informes pendientes

Amilivia aprovechó para precisar que quedan ya solo nueve informes pendientes de comparecencia. La próxima, prevista para el 17 de octubre, abordará otra fiscalización relacionada con la pandemia, relativa a las ayudas y subvenciones tramitadas por la Administración autonómica y el informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Consejo, correspondiente al ejercicio 2020.

Añadió que en este mandato han sido presentados 92 informes, un 36 por ciento de toda la serie histórica del Consejo de Cuentas. Hay 36 auditorías en marcha que incluyen las 24 del Plan Anual 2022 y otras 12 del Plan 2021 que se publicarán durante este último trimestre del año.