Castilla y León contará con un presupuesto en 2016 dotado con 9.843,7 millones de euros, lo que representa un descenso del 0,78 por ciento respecto al de este año, provocado por los nuevos criterios contables establecidos por el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, al computar como déficit los préstamos empresariales del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que salen de las cuentas regionales, y al reparto “desleal” del objetivo de déficit, hasta el 0,3 por ciento para las autonomías.
A pesar de este circunstancia, las nueve consejerías manejarán 7.628 millones de euros, 162 más que este año. El 82 por ciento de esta partida se concentra en gasto social, aunque las inversiones se convertirán en protagonista el próximo ejercicio, ya que experimentarán el mayor crecimiento de los últimos siete años, hasta superar en los 465 millones. El Ejecutivo autonómico creará también un nuevo instrumento bajo la denominación de Lanzadera Financiera para tutelar de forma extrapresupuestaria 500 millones en préstamos del BEI hacia el tejido empresarial.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, desgranó las primeras cuentas de la Comunidad en la IX Legislatura hoy en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción de Valladolid, acompañado por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que las registró por la tarde en las Cortes autonómicas.
El jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que el proyecto se ajusta al escenario económico ya que rechazó “hacer ciencia ficción o futuribles”. También insistió en que las cuentas se ajustan a las “posibilidades reales de ingresos”, ya que hizo hincapié en que son unos presupuestos “responsables” y “posibles”, en los que confesó, ha puesto el “alma”. El presidente subrayó que las grandes cifras de la Comunidad para el próximo año, mantienen la coherencia con lo estipulado en su discurso de investidura, en relación al compromiso con la recuperación y el empleo estable, los grandes servicios públicos y el proyecto de Comunidad.
Asimismo, Herrera recalcó que son unos presupuestos “claramente sociales”, que aportan “certidumbre, previsibilidad y eficacia”, por lo que confió en que sean avalados por la mayoría de los procuradores de las Cortes. El presidente hizo alusión al nuevo escenario parlamentario ante la pérdida de la mayoría absoluta, que obligará al Grupo Popular, que sostiene al gobierno, a buscar apoyos para que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2016, y afirmó que cumplen con el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para la gobernabilidad de Castilla y León.
El presidente del Gobierno autonómico confió en que la cercanía de las elecciones generales, previstas para el 20 de diciembre, y el inicio de los trabajos de la comisión de investigación de la trama eólica en las Cortes no compliquen la negociación y debate de las cuentas. Por ello, pidió también “disposición” a los grupos parlamentarios para que estudien en “profundidad” las dificultades y retos de los presupuestos y también las soluciones que se ofrecen a los principales desafíos financieros, para que salgan adelante.
Inversiones protagonistas
El presidente autonómico desgranó el gasto previsto por las consejerías en la Comunidad, para 2016, y explicó el aumento previsto por el incremento del techo de gasto no financiero, que se situará en los 8.910 millones, lo que supone 87,1 millones más que el fijado en las cuentas de este ejercicio. También supera el aprobado por las Cortes en el mes de septiembre, que era de 8.886 millones, por el alza de los ingresos y de las transferencias del Estado y Europa. También influirá la rebaja del gasto por el pago de intereses de la deuda, que disminuirá un 18,6 por ciento, hasta situarse en los 330,2 millones, lo que permitirá destinar más fondos a políticas sociales.
El presidente de Castilla y León destacó el capítulo de inversiones dentro de las grandes cifras de la Comunidad para 2016. Explicó el jefe del Ejecutivo que este capítulo, que fue sacrificado para priorizar el gasto en los servicios públicos esenciales, aumentará un 4,58 por ciento y absorberá el 4,72 por ciento del total de gasto, mientras el gasto en intereses se reducirá un 18,59 por ciento, hasta los 330,24 millones.
Herrera sustanció que las tres consejerías sociales -Educación, Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades- dispondrán de 150 millones, lo que supone un 7,7 por ciento más que en 2015, lo que permitirá a la Junta afrontar actuaciones en hospitales y centros educativos, según explicó.
Asimismo, manifestó que antes de que termine el ejercicio se presentará el Plan de Inversiones Sociales, que figuraba en el programa electoral y en el discurso de investidura. El jefe del Ejecutivo autonómico mantuvo que este programa tendrá un presupuesto de 600 millones para afrontar obras ligadas a la sanidad, la educación y los servicios sociales, que se han visto afectadas por las estrecheces económicas de los últimos años.
Otra de las señas de identidad del presupuesto serán las políticas sociales y como ejemplo el presidente destacó que la Renta Garantizada de Ciudadanía contará con 69 millones, lo que supone un 25,52 por ciento más respecto a 2015.
Nuevas fórmulas de financiación
La propuesta de cuentas de la Comunidad para el próximo año, aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se ha elaborado tomando como referencia una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7 por ciento, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8 por ciento y un aumento de la tasa de empleo del dos por ciento.
Como es preceptivo, también respeta el restrictivo límite de déficit público del 0,3 por ciento, menos de la mitad del 0,7 por ciento permitido para 2015, o lo que es igual, el 57,1 por ciento inferior. El documento se acomoda asimismo a la llamada regla de gasto y al límite de deuda asignado por el Gobierno de España a la Comunidad.
El presidente desveló que Castilla y León deberá buscar “fórmulas alternativas” de financiación y estudiará acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica el próximo año, ya que no podrá beneficiarse de nuevo del mecanismo de facilidad financiera como este año. Herrera recordó el incumplimiento del objetivo de déficit de la autonomía en una décima en 2014, (1,1 por ciento frente al uno por ciento fijado), por incumplimientos, dijo, en el abono de los planes Miner, por parte del Gobierno, y adelantó que este año “será una tarea muy complicada, ante la enorme presión de gasto público sanitario y por la recuperación de derechos laborales de los empleados públicos”.
Herrera expuso que este año pudieron financiar 2.003,6 millones previstos a coste cero gracias al mecanismo, con un ahorro de 20 millones en intereses (ascenderá a 36 millones en 2016 y 2017) a lo que se suma la devolución de la liquidación negativa de 2008 y 2009 (73,88 millones), algo que no se repetirá en 2016. Al respecto, precisó que en 2016 se requerirán 817,32 millones de euros para deuda de reposición y 225,45 para deuda nueva, conforme al objetivo de déficit fijado del 0,3 por ciento.
El presidente se detuvo en este aspecto, y apoyó de nuevo la necesidad de mantener el control del déficit de los últimos años, pero desde la “lealtad” institucional y arremetió contra el “esfuerzo” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha exigido a las autonomías dentro del objetivo global para el conjunto de las administraciones en España para 2016, el 0,3 por ciento de un 2,8 por ciento.
Lanzadera Financiera
Juan Vicente Herrera también anunció que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha en 2016 una Lanzadera Financiera de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, que movilizará 500 millones de euros en financiación empresarial del BEI tras la decisión del departamento que dirige Cristóbal Montoro de computar como déficit las partidas presupuestarias procedentes de este organismo.
Herrera destacó que esta “decisión contable” constituye un hecho “gravemente trascendente” ya que les obliga, dijo, a renunciar a los apoyos empresariales vía Presupuestos, que este año ascienden a 235 millones. Y es que las consejerías de Economía y Hacienda y Agricultura y Ganadería no van a disponer de ninguna cantidad del BEI en su capítulo 8, porque ello supondría incrementar el déficit en la misma medida.
Esta renuncia a los fondos reembolsables, aseguró, no va a implicar una merma en el respaldo a las compañías comprometidas con la Comunidad que deseen desarrollar nuevos proyectos y crear o mantener empleo. Todo lo contrario, dijo, porque las empresas van a poder acceder a más del doble de recursos de ese banco europeo para que puedan hacer realidad sus ideas.
En este sentido, la Lanzadera tendrá el objetivo de que ningún negocio viable se quede sin ver la luz por falta de recursos. Empezará a funcionar el 1 de enero de 2016 dentro de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), que prevé avales a las empresas con 1.150 millones de euros; y contará con el concurso de todas las entidades financieras que operan en Castilla y León, con las que ya se está trabajando en el diseño del instrumento en el Consejo Financiero. En paralelo la Junta está negociando con el BEI que ponga a disposición de bancos, cajas y cooperativas de crédito 500 millones de euros para proporcionar liquidez a las empresas, cantidad que supera de largo los 235 millones previstos este año, con la ventaja añadida de que no computan a efectos del objetivo de deuda.
Herrera también anunció que como complemento de esto y con el fin de facilitar y simplificar al máximo las gestiones, la ADE se va a convertir en una ventanilla única de entrada de cualquier proyecto empresarial nuevo o ya consolidado. Para ello, se creará una división de financiación que estudiará cada caso y asesorará a la compañía o al emprendedor en cuanto a la estructura financiera óptima para su negocio, además de tutelarle durante todo el proceso y aportarle los fondos más idóneos, sea el capital riesgo, el capital semilla, las subvenciones a fondo perdido, los préstamos participativos u otros, sin descartar la concesión de avales de la Junta o Iberaval.
Reforma del modelo de financiación
Juan Vicente Herrera analizó el capítulo de ingresos y situó hoy el desfase entre las partidas para la Comunidad del modelo de financiación para 2016 y el gasto previsto por las consejerías sociales en 161,5 millones de euros, frente a los casi 500 de este ejercicio. Esta minoración de la brecha entre las necesidades de la Comunidad y la financiación que recibe representa una reducción “coyuntural”, dijo, que responde a los 314 millones a mayores con los que podrá contar la autonomía con la liquidación de 2014.
En este contexto, Juan Vicente Herrera repitió que “hay que seguir clamando” frente a la insuficiencia de un sistema de financiación autonómica “claramente insuficiente” y que nació “mal” en 2009, cuando muchos denunciaron que se elaborá a media para algunas autonomías.
Rebajas fiscales
Herrera también destacó que los castellanos y leoneses contarán con 95 millones de euros más en sus bolsillos en 2016 gracias a las nuevas rebajas fiscales previstas por su Gobierno para 2016. En este sentido, remarcó una nueva disminución del tramo autonómico del IRPF, como contempla la ley de acompañamiento de las cuentas de la Comunidad para el próximo año. uan Vicente Herrera comentó que a esto se añade la intención de suprimir por completo la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos a partir del 1 de enero de 2016.
El máximo responsable político de la Comunidad expuso que se mantienen los 50 beneficios fiscales que están vigentes en la actualidad, que se estima que ahorrarán casi 260,5 millones de euros a más de 181.000 castellanos y leoneses.