Gobierno, sindicatos y patronal firman el plan del fin carbón con una transición ordenada y 250 millones

Ical / EBD Esta tarde en Madrid, el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO, y la Patronal, representada por Carbounión (Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón) han rubricado en el Ministerio de Transición Ecológica el acuerdo marco “para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027″.

El acuerdo da respuesta a las consecuencias sociales de la decisión del Consejo Europeo de obligar al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año. En la provincia de León previsiblemente ninguna lo hará, por lo que, en la práctica, con la firma de hoy, comienza la cuenta atrás para la desaparición de las explotaciones de carbón.

El plan contempla una inyección de 250 millones en un fondo de cinco años, prejubilaciones y bajas incentivadas, entre otras medidas. En sus respectivas intervenciones la mayoría de los presentes coincidieron en señalar que este es “el mejor acuerdo posible” y destacaron que “no es el final de nada sino el comienzo” del trabajo para garantizar el futuro de los trabajadores y las comarcas afectadas por el cierre de las explotaciones mineras el próximo 31 de diciembre.

Por parte del Gobierno firmaron el acuerdo tanto la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como la de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Ribera afirmó que este era “el momento más emocionante” de sus cuatro meses como ministra y reconoció que, pese a todo, “aún queda muchísimo por hacer” para garantizar el futuro de los trabajadores del carbón, sus familias y sus comarcas.

A su juicio, con este acuerdo, se ha “resuelto la primera tarea urgente” que se encontraron encima de la mesa cuando llegamos al Gobierno” con el “propósito” de “no dejar a nadie atrás”. En este sentido afirmó que “este es solo el comienzo del diálogo” porque el compromiso del Gobierno es elaborar “contratos de Transición Justa, con el objetivo de ayudar a las comarcas a fijar el empleo del futuro con proyectos coherentes, ajustados a los contextos socioeconómicos y que desarrollen el potencial de las zonas”.

Por su parte, Magdalena Valerio, afirmó que el acuerdo firmado “es una demostración de que el diálogo social funciona” cuando hay interés y esfuerzo por llegar a un entendimiento. En todo caso reconoció que en toda negociación es muy difícil obtener el cien por cien” de lo que se pide pero sí “un mínimo común denominador” y recordó que “este es un acuerdo marco y luego hay que estar pendientes de lo que se dibuja dentro del marco”.

En representación de los sindicatos, estamparon su rúbrica el secretario general de CCOO-Industria, Agustín Martín; el secretario general de UGT-FICA, Pedro Luis Hojas, y el secretario general de USO-Industria, Pedro Ayllón. Martín el acuerdo “supera una época de incumplimientos por parte de Gobiernos anteriores y abandono de los trabajadores”. A su juicio, “hoy no termina nada” sino que el “trabajo” comienza ahora, dijo antes de calificar como “positivo” el pacto firmado con el Ejecutivo. En este sentido argumentó que a partir de ahora necesitan “el compromiso” tanto del Gobierno central como de los Ejecutivos autonómicos para garantizar el futuro de las zonas mineras y sus trabajadores.

El representante de UGT puso en valor lo firmado ya que, dijo, “cuando hay voluntad y ganas se pueden alcanzar acuerdos”. No obstante, Hojas advirtió que esto “es el comienzo, no el final de nada” por lo que a partir de ahora su misión será “velar por el cumplimiento del acuerdo” por parte del Gobierno.

También tomó la palabra el presidente de Carbounión, quien se mostró en desacuerdo con los términos de lo pactado ya que, dijo, “no recoge nuestras peticiones”. No obstante, aseguró que firmaban el acuerdo, pese a las especulaciones de última hora sobre su presencia, “porque creemos en la continuidad del sector del carbón” y “no aceptamos el fin”.

Subcontratas y empresas auxiliares

A la puerta del ministerio se concentraron varias decenas de trabajadores de subcontratas y empresas auxiliares del sector para protestar contra los términos del acuerdo que, consideran, les deja fuera y en inferioridad de condiciones respecto a los mineros. En este sentido, el presidente de USO, Pedro Ayllón, se refirió a esta situación y afirmó que su sindicato accedía a firmar pese a todo.

“Hemos firmado el mejor acuerdo posible pero no el que nos hubiera gustado firmar”, dijo al respecto antes de añadir que el acuerdo “globalmente es insuficiente” y debería ser “mas justo y mas equilibrado”.

Medidas

El acuerdo marco contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años, para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Esos 250 millones se complementarán, afirma la nota del Ministerio, con otro conjunto de medidas que se diseñarán en un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mineras afectadas por el cierre de instalaciones de minería. Para su desarrollo, el Ministerio para la Transición Ecológica abrirá próximamente un diálogo con las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales de las zonas.

Las ayudas, según indicó el Ministerio de Transición Ecológica en una nota, irán acompañadas de un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye la restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de “transición justa”. El objetivo final, afirman desde el Ministerio, es “la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social”.

En cuanto a las prejubilaciones y bajas incentivadas, los trabajadores afectados podrán acogerse a ellas en función de su trayectoria profesional. Así, se establece que podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

Respecto a los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa. En particular, tendrán acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Los trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares a las empresas objeto de este acuerdo también podrán forman parte de la bolsa de trabajo.

El texto incluye a la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) que tiene su sede en Ponferrada, a la que se califica como vector del proceso de transición energética justa, aunque de momento no se ha concretado nada más sobre el futuro funcionamiento de la entidad.