El Gobierno se compromete a implantar la justicia digital en todas las capitales de provincia de Castilla y León y Ponferrada antes del verano

La justicia digital permitirá que toda la documentación que entre en el juzgado en formato digital gracias a la implantación del sistema Lexnet, que se llevó a cabo el pasado 1 de enero de 2016, se conecte con el circuito de tramitación procesal y concluya con las sentencias firmadas electrónicamente. Un proceso que es “ya una realidad en Cuenca desde diciembre de 2015”, tal y como explicó Sánchez-Cortés, y que se está empezando a implantar en Cáceres, Burgos, Salamanca y Ciudad Real, donde será una realidad a partir del próximo 11 de mayo.

Sánchez-Cortés enmarcó su visita a Salamanca en el traslado de esta información “a la Junta de Personal, jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales”, puesto que se trata de un proceso “complejo, no tanto por la tecnología que subyace al proyecto sino porque hay que poner en coordinación a muchos elementos a la vez, profesionales que trabajan fuera y dentro de la oficina judicial” y, principalmente, porque la implantación de la justicia digital implica “trabajar de otra manera”.

En ese sentido, y en respuesta a las protestas que está generando desde enero los errores en la implantación de Lexnet, Sánchez-Cortés explicó que “ya se están tomando medidas concretas ante los tres tipos de problemas que genera: los que se derivan del propio sistema, los asociados a la falta de formación y las cuestiones referidas a usuarios que están al otro lado para que los documentos entren en formato adecuado y así el sistema pueda fluir adecuadamente”.

Recordó, no obstante, que en Lexnet “hasta el año pasado entraban unos 11.000 profesionales y de pronto se han incorporado 147.000 profesionales al sistema”, por lo que consideró normal que “haya cuestiones que vayan más lentas”, aduciendo que, en cualquier caso, el trabajo del Ministerio de Justicia se está encaminando a que “los fallos se vayan solucionando y el periodo de transición y cambio afecte lo menos posible para que esté absolutamente normalizado cuanto antes”.

En cuanto a los temores por la posible pérdida de documentación si hay errores, la secretaria de Estado de Justicia explicó que “cuando ocurre una incidencia de este tipo, tratamos de tenerla localizada para poder determinar qué ha ocurrido”. En todo caso, Sánchez-Cortés explicó que “el sistema tiene una seguridad asociada” y que, además, “es parte de lo que puede ocurrir en cualquier proceso de implantación tecnológica”, señalando que también existen esas pérdidas “con expedientes en papel” y que reforzarán “las acciones formativas para que quien se esté familiarizando con la herramienta, la conozca bien”.

Sánchez-Cortés defendió que la implantación de la justicia digital “no va a suponer pérdida de puestos de trabajo” sino que el personal de Justicia “adquiera habilidades asociadas a las nuevas tecnologías” que reducirán cuestiones como el traslado de documentación “de 60 a 19 días”. Recordó, además, que, por mandato de la Ley de 2011, “el 7 de julio de 2016 todas las administraciones públicas del país competentes en materia de Justicia tienen que tener implantado el sistema de gestión procesal electrónico”, sean o no competencia del Ministerio de Justicia.

Por último, la secretaria de Estado de Justicia afirmó que el proceso de implantación de la justicia digital en los partidos judiciales más pequeños de las nueve provincias de Castilla y León se realizará “una vez esté afianzado en las capitales de provincia”, puesto que entonces “será más fácil extenderlo a otros juzgados de las zonas rurales”, un proceso de despliegue que, según Sánchez-Cortés, “se va a seguir produciendo a lo largo de 2016”.