El Consejo Comarcal defiende su actuación “diligente, rápida, efectiva y eficaz” en la gestión del plan de juntas vecinales

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, defendió este lunes la actuación “diligente, rápida, efectiva y eficaz” de la institución que preside en lo relativo a las obras financiadas por el Plan de Juntas Vecinales de la Diputación de León y atribuyó los retrasos en los pagos a la “falta de coordinación entre los propios servicios de la Diputación, no con el Consejo Comarcal”, tal y como denunció este fin de semana la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (FEL). “No podemos asumir los costes financieros de no tener ese ingreso por parte de la Diputación”, señaló.

En ese sentido, Álvarez Courel reprochó a los responsables de FEL su “desconocimiento” sobre el funcionamiento de estos fondos y aclaró que la institución comarcal hizo efectivo en el pasado mes de diciembre el pago de las obras correspondientes al plan de 2021, una vez recibido el dinero por parte de la institución provincial. Las excepciones, aclaró el presidente comarcal, tienen que ver con juntas vecinales que no están al corriente de pagos con Hacienda o la Seguridad Social. “No se puede ingresar dinero a quién tiene deudas con la administraciones”, señaló.

En la misma línea, el presidente del Consejo Comarcal rechazó la propuesta de un plan que englobe dos anualidades y anunció que la institución publicará “a la mayor brevedad posible” las bases del plan correspondiente a 2022. Según Álvarez Courel, esta competencia delegada al Consejo comenzó a tratarse en 2016 como una subvención, obligando a justificar el 70 por ciento de la ejecución antes de liberar el 30 por ciento restante. “De aquellos polvos, estos lodos”, lamentó.

Este pasado fin de semana la FEL denunció la “pésima coordinación” entre Consejo Comarcal y Diputación a la hora de ejecutar este plan de juntas vecinales. Según FEL, las pedanías bercianas se enfrentan a una “gravísima situación” por los “enormes retrasos” en los pagos de las obras, lo que supone importantes pérdidas para las empresas ejecutoras y para las propias pedanías, que tienen que hacer frente a un encarecimiento sostenido del precio de las obras públicas en los pueblos.