Gallardo insiste en que el Consorcio de las piscinas del Campus está liquidado y no hay vuelta atrás

EBD El ex concejal de Deportes, Sergio Gallardo, ha dado una nueva vuelta de tuerca al conflicto de las instalaciones deportivas del Campus de Ponferrada. Mientras el actual equipo de gobierno afirmaba ayer que el proceso de liquidación de las instalaciones es nulo, Gallardo mantiene que la liquidación del Consorcio, integrado por Ayuntamiento y ULE, con el que se gestionaba este centro deportivo, se hizo en tiempo y forma y no tiene marcha atrás, al haberse seguido los plazos establecidos. “El acuerdo de disolución es del 14 de abril, de facto el 28 de abril, cuando fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno de la ULE. Con su publicación en el BOP el 16 de junio se hace pública la liquidación, según marca la ley, y se inician las funciones de la junta liquidadora”, explicó.

Respecto a las cuentas, el ex edil explicó que ya se trasladó a Alcaldía que “obviamente no se pueden presentar unas cuentas que todavía no se han cerrado”. “Su fecha de cierre es el 30 de junio, que es la fecha que tiene la empresa para poder facturar y después otro plazo para presentarnos las cuentas y aprobarlo, que lo tiene que hacer la junta liquidadora”, apostilló Gallardo, que insistió en que “no podemos tomas otras decisión porque hay unos presupuestos aprobados en el consorcio y ni podemos seguir prorrogando su funcionalidad”.

Mientras desde el nuevo equipo de Gobierno se reclama que suspendan todas la actuaciones hasta que se proceda al nombramiento de los nuevos representantes en el pleno de organización, que se celebrará esta semana. “Ya no hay consorcio y no habrá nuevos representantes, su liquidación está aprobada el 28 de abril”, recalcó Gallardo.

El Consorcio se liquidó tras la decisión de la Junta de Castilla y León, de la que depende la ULE, de no seguir prestando el servicio bajo este marco legal, sustituyéndolo por un convenio de colaboración.

Gallardo sostiene que la única fórmula para que no se cierren las piscinas, mañana, 30 de junio, es sacar adelante el convenio que la oposición durante el pasado mandato vetó en pleno. Pero lo cierto es que para ello habría que celebrar otro pleno y sacar a concurso la prestación del servicio -la actual empresa, Clece, lo realiza de manera prorrogada- para lo que no hay tiempo en menos de 24 horas.

“Lo lamento por los trabajadores pero esta es la consecuencia de una decisión electoralista, de utilizar este asunto como arma arrojadiza, de no aprobar el convenio “, señaló Gallardo, quien en respuesta a los periodistas añadió que seguir pagando por un servicio que no está sustentado jurídicamente es “ilegal”; “solo se me ocurre que se pudiera solucionar temporalmente con contratos menores”, puntualizó.