Alrededor de 2.000 funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia de Castilla y León están llamados a la huelga indefinida a partir de lunes 17 de abril con paros parciales entre las 10.00 y las 13.00 horas, aunque habrá una jornada completa el 19 de abril, complementada con una manifestación en Madrid, que discurrirá entre los ministerios de Justicia y Función Pública.
CCOO, UGT, CSIF y STAJ celebraron este viernes una asamblea con los trabajadores de justicia de Valladolid, donde cargaron contra el Gobierno por la reforma “unilateral” de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y por el acuerdo con los letrados, a los que se abonará hasta 5.500 euros al año por funciones, denunciaron, que no realizan.
Javier Hernández, de la Ejecutiva del sector estatal de CCOO en la Administración de Justicia, explicó que convocan huelga por la aprobación de un modelo que “atenta claramente contra las condiciones de trabajo de 55.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales” en España.
Hernández constató que no ha habido negociación y se establece la movilidad forzosa y una estructura que “pude llevar a la amortización de decenas de empleos”, cuando la justicia es “deficitaria” en trabajadores. “Hacen falta más puestos y que se publiquen las ofertas de empleo con agilidad”. “Luchamos para parar esta ley y se retiren aspectos claramente lesivos; es un escándalo que revela el poco interés del Gobierno por los servicios públicos”, dijo.
Además, también apuntó al acuerdo con los letrados, que “hiere la dignidad del personal de Justicia porque las funciones que se les reconoce y se les paga con hasta 5.500 euros anuales, entre el 80-90 por ciento lo asumen los cuerpos generales”. “Es un autentico descaro, una auténtica falta de vergüenza y un atentado a la dignidad del personal que asume esas funciones”.
El dirigente sindical insistió en que el letrado delega la mayoría de sus funciones al gestor, la tramitador y al cuerpo de auxilio, “y se les paga por lo que no hacen”. “No se puede consentir que se pague al que no lo hace”, dijo, para aseverar no obstante, que la convocatoria “no es económica, sino de reconocimiento de la dignidad profesional”.
Por su parte, el responsable autonómico del Sector Justicia de CSIF, Juanjo Banciella, criticó duramente al Gobierno por elevar las retribuciones a un cuerpo, el de letrados, “dejando a los demás” profesionales de los cuerpos generales, cuando son los que “sacan adelante el día a día” de los servicios “con medios lamentables”. Apeló a que se “den cuenta de una vez” y reconozcan el trabajo de quienes realizan las funciones realmente, para “acabar con los cuellos de botella” y lograr una justicia “más eficaz y eficiente”.
Banciella sentenció que su convocatoria tiene una razón clara, que es “la reciente huelga de letrados, que ha puesto de manifiesto algunas de las vergüenzas fundamentales de la Administración de Justicia” y exigió que “se retribuyan y se reconozcan las funciones de quienes las realizan, que son los cuerpos generales”.
Por último, desde el Sector de Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Lozano, exigió que se “escuchen nuestras justas reivindicaciones” y el Ministerio de Justicia “se siente a negociar seriamente la implantación de la LOEO” que supone un “cambio de paradigma”.
Una implantación, dijo, a la que se suma el “problema añadido” del acuerdo con las asociaciones de letrados, que reconoce su papel en la implantación de la nueva normativa. En este sentido, lamentó que el ministerio “ha abierto un conflicto” porque hay funciones que desarrollan los cuerpos generales que aparecen “nominativamente” en los letrados y se debe negociar.