El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha sido un elemento clave de protección laboral durante los últimos años, sobre todo en los ejercicios más duros de la crisis, que se llevó por delante un gran número de empresas que, tras caer, no pudieron hacer frente a sus obligaciones con sus trabajadores. Y es que esta institución de garantía de los créditos salariales e indeminzaciones ante la insolvencia del empleador, se convirtió durante la última década en una la red de salvación para que los trabajadores recuperaran parte de sus esfuerzo laborales.
Las cifras hablan por si solas y el listado de órdenes de pago del Fogasa entre 2006 y 2015, recogido por Ical, refleja que 105.333 trabajadores de Castilla y León tuvieron que recurrir a este instrumento tras denunciar a sus empresas y lograron salarios e indemnizaciones por 533,6 millones de euros. El número de actividades empresariales insolventes o en concurso contabilizadas durante los diez años de análisis ascendió a 32.778.
Pese a las fuertes críticas por los atascos en el pago de las cuantías, sobre todo en los peores años del marasmo recesivo, y las reformas acometidas sobre este instrumento para garantizar su continuidad, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) defiende que es ”fundamental” reforzar el papel del Fogasa en el mercado laboral, tanto en su finalidad básica de garantía de los créditos salariales ante situaciones de insolvencia empresarial como en las “no menos importantes” finalidades complementarias de apoyar o proteger a las empresas que atraviesan situaciones de crisis, “a fin de impulsar su continuidad y, por ende, el mantenimiento del empleo”.
Asimismo, la patronal autonómica valora las medidas acometidas por el Gobierno para resolver las dificultades de financiación que ha atravesado dicha institución como consecuencia de la grave crisis económica que ha azotado a España en los últimos años, así como la mejora en la gestión relacionada con el “acortamiento” de los plazos de tramitación de los expedientes.
Los datos recogidos por Ical sobre la actividad del Fogasa reflejan fielmente la marcha de la economía durante los últimos ejercicios. Cabe destacar que la recuperación experimentada durante 2015, permitió una merma en las empresas afectadas, los trabajadores indemnizados y los fondos abonados respecto a 2014. En concreto, el año pasado el número de trabajadores que tuvieron que recurrir a Fogasa ascendió a 6.340, con un descenso del 62,1 por ciento, respecto a los 16.723 de 2014. Asimismo, las indemnizaciones que percibieron alcanzaron los 45,2 millones, con una merma del 50,5 por ciento. Las empresas insolventes o en concurso denunciadas fueron 1.825, un 65 por ciento menos que un año atrás, cuando fueron 5.208.
En relación con los datos de insolvencia empresarial relativos a 2015 y a pesar del descenso de las empresas afectadas respecto a otros ejercicios, Cecale considera que los mismos siguen reflejando la necesidad de “intensificar” las ayudas a las empresas que atraviesan situaciones de dificultad, a fin de que puedan salir adelante y vuelvan a generar riqueza y empleo.
Las cifras elaboradas con los datos que facilita el departamento que dirige Fátima Báñez, es decir, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, indican no obstante, que las cifras registradas el año pasado por este instrumento siguieron reflejando una realidad peor que la de 2006. En concreto, respecto a ese ejercicio, los trabajadores afectados en 2015 aumentaron un 111,5 por ciento; las indemnizaciones, un 260 por ciento; y las empresas afectadas, un 80 por ciento.
2015
Durante el año pasado, Fogasa tramitó 5.252 expedientes, para indemnizar a 4.116 hombres y 2.222 mujeres (en el caso de dos empelados no consta el sexo). Asimismo, los datos indican que los 45,2 millones que se distribuyeron correspondieron a 14,1 millones para salarios y el resto, 31,1 millones, a indemnizaciones. En este sentido, cabe recordar que en el caso de las indemnizaciones, el Fogasa abona 20 días de salario por año, si el despido es nulo, improcedente, por fuerza mayor o hay extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador por causa justa; mientras que en el caso de despido colectivo, la indemnización es de 30 días de salario por año. En el caso de extinción de contratos temporalesn la indemnización es de ocho días. En todos los casos el máximo de la indemnización a abonar por parte del Fogasa es de una anualidad.
Un análisis pormenorizado de los datos reflejan que el peor año de los últimos diez en cifras de este instrumento de garantía salarial fue 2013, cuando alcanzó su máximo, con 18.727 trabajadores y 6.830 empresas, aunque los abonos, 90,5 millones de euros, llegaron a su cúspide al año siguiente, con 91,3 millones de euros.
El aumento de trabajadores afectados fue constante desde que arrancara la crisis en 2008. Ese año ascendieron a 4.468; en 2009, a 9.972; en 2010, a 12.428; en 2011, a 12.785; en 2012, a 17.850; y en 2013, a 18.727; para iniciar la curva descendente, con 16.723 en 2014; y 6.340 en 2015. En 2006, los beneficiarios fueron 2.997; y en 2007, 3.043.
En cuanto a las indeminizaciones y salarios, su cuantía también ha ido en ascenso, con 12,5 millones en 2006; 15,5 en 2007; 18,1 en 2008; 48,6 en 2009; 59,5 en 2010; 61,1 en 2011; y 91,1 en 2012; para bajar levemente a 90,5 en 2013; y subir a 91,3 en 2014; y desplomarse a 45,2 en 2015.
Por último, en relación a las empresas con dificultades, se contabilizaron 1.014 en 2006; 1.018 en 2007; 1.143 en 2008; 2.738 en 2009; 3.302 en 2010; 4.193 en 2011; 5.507 en 2012; y 6.830 en 2013; para descender a las 5.208 en 2014; y las 1.825 del pasado ejercicio.
