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La Fiscalía solicita la absolución del exalcalde de Cacabelos en un caso de prevaricación

El Ministerio Público considera que la falta de documentación no puede atribuirse al acusado
El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez (D), junto a su abogado, Jorge Félix Ordiz, en la Audiencia Provincial
El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez (D), junto a su abogado, Jorge Félix Ordiz, en la Audiencia Provincial. / Campillo

La Fiscalía ha solicitado la absolución de Sergio Álvarez, exalcalde de Cacabelos, acusado de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación del servicio de arquitectura Sepia SL, dirigido por el exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral. La denuncia fue presentada en 2019 por Adolfo Canedo, actual portavoz del PP, quien consideró irregular el contrato suscrito con dicho despacho de arquitectos.

El proceso comenzó cuando el juzgado requirió a Álvarez, por entonces recién nombrado alcalde, información sobre el contrato. Álvarez remitió en ambas ocasiones la documentación proporcionada por los funcionarios municipales. Sin embargo, la Fiscalía consideró que el expediente estaba incompleto y abrió un procedimiento contra el exregidor. Ahora, tras el análisis del caso, concluye que la falta de algunos documentos no puede atribuirse directamente al acusado, motivo por el cual ha solicitado su absolución.

Un periplo judicial hacia su fin

En declaraciones a Radio Bierzo, el abogado de Sergio Álvarez, Jorge Félix Ordiz, se ha mostrado confiado en que su defendido será declarado inocente, subrayando que la acusación carece de fundamento. El letrado también ha señalado que la postura de la Fiscalía refuerza la posición de inocencia de su cliente.

Este caso representa la última de las nueve actuaciones judiciales activas impulsadas por el PP contra Álvarez. Si es absuelto, el exalcalde habrá cerrado un ciclo judicial marcado por continuas comparecencias, muchas de las cuales no llegaron siquiera a juicio. Ordiz, que además fue concejal en Ponferrada, sostiene que estas acciones judiciales evidencian un uso político de los tribunales por parte del PP, en lugar de buscar el convencimiento de los ciudadanos a través de hechos y argumentos.

La Audiencia Provincial tiene previsto abordar el caso en el primer semestre de este año, tras posponer el juicio inicialmente programado para el 14 de enero debido a la enfermedad de uno de los abogados de la acusación.

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