El TSJ declara ilegal la ampliación del cementerio y el gobierno municipal pide la dimisión de Canedo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la ampliación del cementerio municipal de Cacabelos por irregularidades urbanísticas. “El anterior alcalde popular, Adolfo Canedo, expropió a los propietarios de la finca colindante al cementerio 800 metros cuadrados para hacer la obra, pero además expropió otros 173’6 metros más sin consentimiento de los particulares, que son los que iniciaron el proceso judicial y a los que el TSJ les ha dado la razón”, expone el alcalde de la villa, Sergio Álvarez.

La parte de la finca expropiada a mayores estaba plantada de árboles frutales que tuvieron que ser arrancados para hacer el hormigonado de ampliación del campo santo. Ahora, el TSJ en sentencia firme y de ejecución forzosa obliga al Consistorio a dejar la parcela tal y como estaba antes de que entrasen las máquinas. La obra en su momento supuso un desembolso municipal de 200.000 euros. Echar abajo los muros, levantar el cemento y replantar los frutales tendrá un sobrecoste de unos 50.000 euros, valora el edil, a lo que habrá que añadir la indemnización a los propietarios. “Si se hubiesen hecho las cosas bien, y se hubiesen pagado esos 173’6 metros más expropiados habría costado unos 3.796,12 euros, de esta manera nos va a costar más de cincuenta mil”, se queja Álvarez.

“Han pasado dos años desde que ya no gobierna el Partido Popular y seguimos pagando su ineptitud. Exijo la dimisión en bloque de los concejales del PP y del propio Canedo y que sean ellos quienes paguen el coste de esta obra de su bolsillo, no los vecinos de Cacabelos. El Ayuntamiento no tiene dinero para estas cosas”, sentenció el regidor. Álvarez, acompañado por el resto de concejales de su corporación, no tuvo reparos en calificar el mandato de su predecesor como una etapa llena de “actos chapuceros”, “comportamientos megalómanos”, y con “cierto grado de estupidez” fruto de la “mala fe” o la “ignorancia”.

No es la primera sentencia que llega al Consistorio berciano, desde que Canedo abandonó el bastón de mando, el equipo de gobierno calcula que se ha gastado ya más de medio millón de euros en pleitos legales.