El riesgo de pobreza anida en hogares unipersonales y de más de cinco miembros

El riesgo de pobreza en Castilla y León se encuentra polarizado y son los hogares unipersonales y aquellos con cinco miembros o más los que tienen un mayor riesgo de caer en esta situación. Las tasas más elevadas se registran en los hogares formados por una única persona de menos de 30 años, ya sea hombre (75 por ciento) o mujer (63 por ciento), seguidos de los hogares monoparentales, que alcanzan el 50 por ciento, y los compuestos por dos adultos y tres o más niños dependientes (45 por ciento).

Así lo desvela un informe elaborado a iniciativa propia por el Consejo Económico y Social (CES), pendiente de aprobación y al que ha tenido acceso la Agencia Ical, en el que se recoge que Castilla y León registró en 2018 (el último año con información disponible) una tasa de pobreza del 16,1 por ciento, por debajo de la media nacional, que fue del 21,5 por ciento, y en índices “nada marginales”, además de similares a países como Irlanda, Alemania o Bélgica.

Según el documento, y atendiendo a los datos recogidos por la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el riesgo de pobreza en 2018 en los hogares unipersonales alcanzó el 17,4 por ciento, un dato que cayó al 12,3 por ciento en el caso de los hogares con dos miembros y al 6,5 por ciento en los de tres miembros. A partir de ese número de miembros aumenta el riesgo de pobreza, hasta el 21,9 por ciento en el caso de los hogares de cuatro miembros y al 39,3 por ciento cuando la vivienda tiene cinco o más integrantes.

En el ámbito nacional, Castilla y León se encuentra en una posición acomodada en este aspecto, ya que se sitúa en el puesto siete, lejos de las comunidades con mayor tasas de pobreza, como son Extremadura, Andalucía, Canarias o Murcia, que registran tasas igual o superiores al 30 por ciento, aunque también lejos de los territorios con menores tasas de pobreza, que son Navarra y País Vasco.

La mejor posición de la Comunidad respecto a otros territorios también se mantiene al tomar como referencia el índice Arope, que ofrece una visión más amplia de la pobreza, ya que además de la pobreza monetaria incluye las carencias materiales o la escasa intensidad laboral entre sus miembros. 

Por géneros, es posible afirmar, según recoge este informe, que las tasas de riesgo de pobreza entre hombres y mujeres son muy similares en la Comunidad, algo diferente a lo que ocurre en España, ya que la brecha del cuatro por ciento existente antes de la crisis, en el año 2008, se eliminó como consecuencia de la incidencia mayor que las dificultades económicas de la última década tuvieron sobre los hombres, que fueron víctimas de una mayor destrucción del empleo. Sin embargo, desde el CES se considera que esta mejora en la tasa de pobreza de las mujeres resulta “espuria” porque la recuperación económica permitió revertir la situación.

Lo que sí afecta “de forma decisiva” al riesgo de pobreza es la edad, ya que se detectan tasas “mucho más elevadas” entre los menores de 16 años (21 por ciento en la franja de edad de entre 0 y 9 años y del 32 por ciento entre 10 y 19 años), además de que la insuficiencia de ingresos en las primeras fases de vida de las personas puede haber “efectos permanentes” sobre sus capacidades futuras al margen del “fracaso social” que supone la no defensa de los más débiles, recoge el CES en sus conclusiones.

Por el contrario, la población mayor de 64 años, que tradicionalmente era uno de los segmentos de población con mayor tasa de riesgo de pobreza, parece haber perdido temporalmente esta condición como consecuencia de la incidencia de la crisis en las personas en edad laboral (por el aumento del desempleo y la reducción de los salarios) frente al mantenimiento de las rentas de los pensionistas.

Otro de los grupos de población más castigados son los inmigrantes, en cuyo caso las tasas de riesgo de pobreza se “disparan” hasta el 62 por ciento para los extracomunitarios sin nacionalidad española, algo que se reduce hasta el 45 por ciento entre aquellos que sí tienen la nacionalidad. Por otro lado, y en cuanto a las diferencias en las principales ciudades de la Comunidad, se pone de manifiesto “la fuerte disparidad” del riesgo de pobreza entre ellas y la “fuerte dispersión” en sus distritos, mientras que Castilla y León destaca por tener una tasa de riesgo de pobreza relativamente baja en las zonas de densidad intermedia, donde es del 9,4 por ciento.

Vivienda

El informe recoge que el riesgo de pobreza es mayor para aquellas personas que viven en régimen de alquiler (32,2 por ciento) frente a quienes tienen una vivienda en propiedad con hipoteca (15,7 por ciento) o libre (11,3 por ciento). Si este dato se combina con la edad, las tasas de pobreza se elevan de manera especial entre el colectivo de menores de 16 años que residen en régimen de alquiler, aunque en Castilla y León este segmento de población es de un 19 por ciento frente al 23,4 por ciento en España. Con estos datos, el CES concluye que una política de vivienda “adecuada” podría tener un papel relevante a la hora de trabajar contra la pobreza infantil.

El pago de la vivienda ocupa en la mayoría de los casos una parte importante de los ingresos familiares. Las tasas de riesgo de pobreza son especialmente elevadas en aquellos hogares que destinan más del 40 por ciento de sus ingresos familiares al pago del alquiler, lo que constituyó el 70 por ciento en Castilla y León y el 80 por ciento en España en el año 2018. Sin embargo, los datos apuntan a que más de la mitad de la población en régimen de alquiler destinaba hace dos años menos del 40 por ciento de los ingresos a este fin, mientras que un 21 por ciento destinaba alrededor de la mitad a este concepto.

Mercado laboral

Si bien el desempleo es un factor de riesgo “de primera magnitud”, la disponibilidad de un puesto de trabajo tampoco es a día de hoy garantía de estar al margen del riesgo de pobreza, en especial si el trabajo es a tiempo parcial. De hecho, el informe recoge que el seis por ciento de los asalariados de Castilla y León y cerca del nueve por ciento de las personas ocupadas estarían en riesgo de pobreza. 

Este hecho es aún más acuciante en el caso de las personas con trabajo a tiempo parcial cuando este es por motivos involuntarios, caso en el que la tasa de riesgo de pobreza crece hasta el 19 por ciento en Castilla y León y alcanza el 26 por ciento en España. Y en el caso de los trabajadores de entre 50 y 59 años en esta situación, el riesgo de pobreza (a nivel nacional) llega al 30 por ciento. En términos absolutos, se trataría de casi 300.000 personas con trabajo a tiempo parcial que estarían en España en riesgo de pobreza (unas 11.000 en Castilla y León), mientras que la suma de asalariados en riesgo de pobreza alcanzaría los 1,3 millones (cerca de 40.000 en la Comunidad).

Otro de los aspectos que se concluye con estos datos es que el trabajo a tiempo parcial involuntario va ligado directamente a un periodo de crisis económica y a elevados niveles de desempleo. Además, todo parece indicar que se está produciendo un cambio en la estructura del empleo, con una mayor demanda del trabajo a tiempo parcial por las empresas, algo favorecido también por las mayor incorporación de medios digitales.

La distribución de la jornada en Castilla y León es muy similar a la del resto del país, con una jornada media que ronda las 19 horas (19,2 horas semanales en España), la comunidad tiene mayor presencia de jornada a tiempo parcial de corta duración, es decir, de entre seis y diez, con un 14,6 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial frente al 10,9 por ciento en España. Por sectores, en agricultura o construcción el trabajo a tiempo parcial alcanza jornadas semanales de casi 30 horas, mientras que en comercio u hostelería no llega a las 22 o en otros servicios se queda en las 17 horas a la semana.

Transferencias sociales

Las transferencias sociales tienen en el riesgo de pobreza un impacto mayor en el caso de una Comunidad como Castilla y León, lo que reduce la tasa de pobreza tras el cobro de estas prestaciones en un 62 por ciento (un 52 por ciento en España), algo que se corresponde en gran parte por el efecto de las pensiones de jubilación, que en la comunidad suponen el 82 por ciento del efecto final. Esto otorga a las rentas mínimas de inserción o las prestaciones por desempleo “un papel muy secundario” en esta materia. 

En lo que se refiere a la puesta en marcha de programas de complemento de los salarios bajos mediante transferencias públicas para completar los ingresos totales de los trabajadores con salarios más bajos, para aquellas personas para las que las ganancias netas vinculadas al trabajo no eran suficientes, por distintas razones, como para provocar su entrada en el mercado laboral, los complementos salariales también pueden utilizarse como herramientas de lucha contra la pobreza laboral.

El CES establece “varios inconvenientes” en este tipo de programas: uno de ello es que, de beneficiar a todos los trabajadores con ingresos inferiores a un límite, se beneficia también a aquellos que aunque tienen un salario bajo no están en riesgo de pobreza por convivir en hogares donde el resto de miembros aportan salarios a tiempo completo; o que al mejorar los ingresos de los trabajadores a tiempo parcial mediante estas ayudas, este tipo de trabajo resultaría “más atractivo” para los oferentes de empleo, lo que facilitaría su mantenimiento en el tiempo.

Otra opción es el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, como ha ocurrido recientemente en España “no parece haber tenido impacto negativo sobre el empleo” si bien fuentes del CES estimaron que es “pronto” para sacar conclusiones definitivas al respecto. Sin embargo, el problema radica en que al obedecer la relación trabajo a tiempo parcial y riesgo de pobreza “más al número de horas trabajado que a su remuneración”, para que un aumento del SMI generara un impacto “importante” sobre la tasa de riesgo de la pobreza, debería ser “muy elevado”, algo que se presenta como “poco recomendable” desde el punto de vista del impacto sobre el empleo.