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El Procurador del Común defiende la conveniencia de aprovechar la experiencia vivida respecto a la pandemia y en lo que atañe a las universidades públicas considera que ha de servir para “de cara al futuro, actuar si cabe con una mayor agilidad, coordinación y eficacia, debiendo asumirse la existencia de la nueva vulnerabilidad a la que está sometida la población a nivel global”.
La institución que dirige Tomás Quintana considera que, lejos de haberse superado la crisis sanitaria, “éste es el momento de dedicar todos los esfuerzos posibles para la prevención y lucha frente a los efectos de todo tipo derivados de la enfermedad, fundamentalmente de tipo sanitario, social, laboral y educativo”. Por ello, apunta, “con el precedente que supone la colaboración proporcionada con medios materiales y humanos en la presente situación de crisis sanitaria, se han de buscar fórmulas para normalizar esa colaboración ante situaciones futuras que así lo requieran, como parte del servicio que las universidades públicas han de prestar a la sociedad”.
Así, entiende que puede ser de gran utilidad que dichos centros de formación e investigación cuenten con un protocolo de actuación ante eventuales futuras situaciones de crisis sanitarias, para aportar, “en la línea de lo que han hecho y siguen haciendo en la actualidad, los medios personales y materiales disponibles (inmuebles, camas, equipos de protección, impresoras, laboratorios), designando un responsable o un equipo responsable que inicie la apertura y cumplimiento del protocolo y tome decisiones en el marco del mismo, lo que aportaría eficacia y agilidad para hacer frente a situaciones sobrevenidas”.
El Procurador inició una actuación de oficio, el pasado 31 de marzo, para determinar la contribución de las universidades públicas de la Comunidad, poniendo a disposición de la lucha frente a la pandemia provocada por la covid-19 sus equipos, laboratorios y talleres, así como los investigadores y otros profesionales o personal con conocimientos y habilidades que pudieran hacer sus aportaciones en todos los campos en los que fue y sigue siendo preciso actuar.
En esa misma fecha, la Defensoría se dirigió tanto a la Consejería de Educación como a las cuatro universidades públicas de Castilla y León para que proporcionaran información sobre la cuestión expuesta, así como sobre las actuaciones que pudieran estarse llevado a cabo desde un primer momento o se tuviera previsto realizar, de forma individual, o en coordinación con otras administraciones o entidades de todo tipo.
Aunque la naturaleza de la situación requería que la información fuera facilitada en un plazo de ocho días, el primer informe llegó el 7 de mayo y el último el día 26 de junio. Analizada la información proporcionada, el Procurador -al margen de sus peticiones- resalta el esfuerzo de colaboración desarrollado por la administración educativa y las universidades públicas de Castilla y León, para poner a disposición de la lucha contra la covid-19 y sus consecuencias todos los recursos materiales y personales disponibles que se habían requeridos, “fundamentalmente por las autoridades sanitarias, en función de las necesidades que se presentaron en los momentos más duros de la pandemia, incluso con posterioridad al punto álgido de la crisis”.