El Procurador del Común amonesta a Merayo por no responder en los plenos las preguntas de la oposición

Una resolución del Procurador del Común reprende a la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, por incumplir la obligación de contestar a las preguntas formuladas por los grupos de la oposición, por escrito o a viva voz, en el turno de ruegos y preguntas de las diversas sesiones plenarias. La resolución, que pone fin a un expediente iniciado por una denuncia del PSOE, requiere a la regidora que en el próximo pleno proceda a dar contestación a todas las preguntas formuladas pendientes de respuesta, aseguró el portavoz socialista en la ciudad, Olegario Ramón.

En ese sentido, Ramón criticó que “la alcaldesa desprecia el derecho a la fiscalización y control de los órganos municipales que asiste a los concejales socialistas del Ayuntamiento” y adelantó que, según establece la resolución del Procurador, las respuestas deberán darse en la misma sesión o, en su defecto, en la siguiente que se celebre.

Entre las preguntas para los que los socialistas esperan una respuesta oficial, destacan asuntos como el coste del informe externo para la ejecución de la sentencia que anula el contrato de la basura, las conclusiones de las actuaciones llevadas a cabo para verificar si ha existido una infracción urbanística por parte de un miembro del equipo de Gobierno o la carta de compromiso firmada por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, respecto a las inversiones a realizar en el barrio de Compostilla.

Por otro lado, el portavoz socialista lamentó que, según pone de manifiesto la resolución, “la alcaldesa ha tratado de derivar la responsabilidad del incumplimiento a sus propios concejales delegados”, un argumento no aceptado por el Procurador del Común. En el mismo sentido, Ramón afeó que se trate de poner como excusa para no cumplir con la obligación de contestar a las preguntas el hecho de que se está debatiendo el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento.

Al respecto, el portavoz socialista calificó el argumento de “insostenible y pueril” y aclaró que “en ningún caso este reglamento podrá establecer algo que contradiga lo dispuesto en normas de rango superior”.