El PP plantea una deducción del 15% por la compra de un vehículo eléctrico con límite de 4.000 euros

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León propone una deducción del 15 por ciento en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hasta un límite máximo de 4.000 euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos de uso personal y no profesional y con el objetivo de duplicar el parque actual que se eleva a 7.917 a comienzos de este año.

El portavoz del grupo, Raúl de la Hoz, y el portavoz sectorial de Economía y Hacienda, Salvador Cruz, presentaron hoy en rueda de prensa el contenido de dos proposiciones de ley, destinadas a aumentar los actuales beneficios fiscales -serían así 51- y a incentivar la economía de la Comunidad, respectivamente, y cuyo deseo es que se puedan aprobar cuanto antes, si es posible en este periodo de sesiones para su entrada en vigor.

La primera proposición de ley modifica el Decreto legislativo de 2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones de la Comunidad en materia de Tributos Propios y Cedidos de manera que en un artículo único se incorpora el desarrollo y la innovación para el fomento de la movilidad sostenible entre las deducciones y la creación de un nuevo beneficio fiscal en Castilla y León.

En cuanto a la segunda iniciativa el cambio propuesto se refiere a la ley de Presupuestos de 2018 destinado a que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León pueda concertar operaciones de crédito a largo plazo por un importe de 30 millones de euros tras el “éxito” de los 75 millones del Plan de Crecimiento Innovador para Pyme y Midcaps de Castilla y León.

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, enmarcó la propuesta de deducciones por la compra de vehículos eléctricos en el modelo de su partido de incentivar de una manera “ordenada, no traumática y sin prohibiciones” la transición energética, contrario a lo que denunció que realiza el PSOE en el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética.

De la Hoz manifestó que esa norma pone en “riesgo” la fabricación de vehículos de gasolina y diésel, con factorías en la Comunidad, ante la prohibición de que puedan circular por el centro de las ciudades en 2023 y en carreteras en 2040, cuando se pretende que todos los automóviles sean eléctricos.

En tal sentido, asentó que están a favor de que se avance en la descontaminación pero recalcó que no se consigue cerrando las minas, las térmicas, subiendo los impuestos vinculados a ellas o con el cierre “caprichoso” de la planta de hidrocarburos en Burgos (Ayoluengo), sin alternativas y sin una planificación global que piense en los ciudadanos, las empresas y los precios que se pagan por la energía.

Critica al PSCyL

Tras incidir en la pérdida de empleo y en el efecto en el comercio del centro de las ciudades por las medidas del Gobierno, resumió el popular que el Gobierno del PSOE son “insensatos, irresponsables y peligrosos para la economía”, a lo que unió el “silencio cómplice” de los socialistas de Castilla y León que, ante una protesta por estas iniciativas, “prefiere poner la alfombra silenciosa a la aniquilación del doctor Sánchez”, a la vez que criticó que Luis Tudanca se dedique a visitar otras comunidades y “lanzar” la sanidad contra la Junta. “Sería mejor que ayudara y no desestabilizara”, anotó.

Respecto de la estimación de posibles beneficiarios, explicaron que será la Junta la que aporte este dato en el informe preceptivo que debe emitir a la Cámara sobre la proposición de ley, si bien precisaron que en 2017 se vendieron 2.163 vehículos no propulsados por gasolina y diésel y el objetivo es duplicar sus ventas.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, que se aportan en el texto, a comienzos del año 2018, el total del parque móvil de vehículos de Castilla y León, no propulsados por gasolina/diésel, se elevaba 7.917 vehículos, de un parque móvil de cerca 1.800.000 vehículos, de los cuales casi el 70 por ciento tiene una antigüedad superior a 10 años. Esto supone que solo el 0,44 por ciento de los vehículos en Castilla y León utilizan combustibles alternativos.

No obstante, se observa, como recoge la propuesta registrada, una clara tendencia en el aumento en vehículos de energías alternativas en la Comunidad, ya que se produjo un incremento de 2.460 unidades en 2017, lo que supone un 45 por ciento con respecto al año anterior de 2016.

De la Hoz explicó que quieren dar la “mayor celeridad” a la tramitación de ambas propuestas pero recordó el elevado número de leyes en las Cortes y abogó por que se pueda realizar por lectura única y estar aprobada antes de que termine el año, ya que quedan tres plenos hábiles para cerrar este periodo, el penúltimo de la legislatura.

En relación a la segunda propuesta, Salvador Cruz afirmó que el cierre de gastos del presupuesto de este año, como confirmó hoy Hacienda, no paraliza el resto de la administración y añadió que, como parece que en enero no habrá presupuestos, sería efectivo a lo largo del ejercicio.