El PP de León insta al Gobierno a garantizar recursos para las entidades locales que gestionen el Ingreso Mínimo Vital

El grupo del Partido Popular de la Diputación de León presentó una moción para su debate y aprobación por el Pleno de la institución provincial para instar al Gobierno de España a proporcionar información detallada a las entidades locales y comunidades autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes.

Según apuntaron los populares, “aunque la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las comunidades y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el oportuno convenio que las habilite para ello y que, en el marco del correspondiente convenio podrá acordarse la posterior tramitación y gestión previas”, pero “si suscriben esos convenios, los gastos extra derivados de esta gestión deberán afrontarlos las propias entidades locales con cargo exclusivamente a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en que se inicie el procedimiento”.

Una situación que, tal y como señalaron desde el PP “obliga a dichas entidades, como la Diputación de León, a asumir un gran incremento en la carga de trabajo para gestionar tanto las consultas como los gastos extraordinarios de la gestión de estos expedientes”.

Por ello, los populares llevaron al Pleno de la Diputación de León una propuesta de acuerdo para instar al Gobierno a crear un nuevo fondo que permita atender de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes a las entidades que asuman la gestión de esta nueva prestación.

Del mismo modo, solicitan que se envíe de forma urgente a todas las entidades el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.