El PP de la Diputación pide una acción coordinada de las administraciones que garantice el futuro del sector agroganadero

En estos días hemos sido testigos del importante movimiento social de los agricultores y ganaderos en la provincia, que han dejado constancia en la calle de la grave situación que vive el sector.

El Grupo Popular de la Diputación Provincial entiende como justas sus reivindicaciones  para acabar con la asfixia económica que hace inviable la obtención de un beneficio empresarial que posibilite una vida digna para ellos y sus familias, y recuerdan que los agricultores y ganaderos, a la vez que forman parte del sistema alimentario, constituyen el elemento básico del mismo, “sin ellos prácticamente sería imposible llegar a garantizar la base que sostiene a la sociedad, puesto que proporcionan el elemento vital, de primerísima necesidad: los alimentos”.

Según el portavoz popular en la Diputación, Francisco Castañón, “son muchos los problemas en el sector y se necesitan soluciones urgentes y el esfuerzo coordinado de todas las administraciones para aplicar medidas que permitan hacer frente a la delicada situación por la que está pasando el sector agrario”.

Por todo ello, desde el Grupo Popular, se propone al Pleno de la Diputación Provincial instar al Gobierno de España y a la Unión Europea al desarrollo de las siguientes actuaciones:

Garantizar para España y para Castilla y León, el mantenimiento de la cuantía actual de financiación de la PAC para el próximo periodo de aplicación 2021-2027.

Mejorar en la actual negociación de la PAC las medidas de mercado establecidas en la propuesta de reglamento de la Organización Común de Mercados de productos agrarios, que permitan prevenir y gestionar graves crisis de mercados mediante acciones a nivel europeo.

Introducir en los acuerdos comerciales internacionales que suscriba la Unión Europea un idéntico nivel de exigencia (sanitaria, medio ambiental, social, etc.) para los productos importados y para las producciones europeas, así como establecer controles más rigurosos de estos requisitos a la entrada en la UE de productos de terceros países.

Modificar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyendo en ella acciones que promuevan y velen por prácticas comerciales que posibiliten valor añadido en todas las fases de dicha cadena, haciéndola equilibrada y sostenible eliminando toda práctica desleal. Todo ello prestando especial atención para no perjudicar a los agricultores y a los ganaderos, los más frágiles de la cadena alimentaria, por ser la base del sistema alimentario.

 Desarrollar un conjunto de medidas tributarias y fiscales específicas para los agricultores y los ganaderos que alivien la carga soportada por el ejercicio de su actividad.

Mejorar el sistema de seguros agrarios, haciéndolo más atrayente para el agricultor y el ganadero, para conseguir extender el mismo a todas las producciones, territorios y productores.

Revisar el sistema de tarifas eléctricas en el riego de cultivos agrícolas, con objeto de evitar que los agricultores paguen durante todo el año cuando sólo utilizan esta energía unos meses durante el mismo, ajustando, por lo tanto, la tarifa al consumo real.