Continúa el cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bembibre y el Partido Popular a cuenta de la privatización de la residencia de la tercera edad ‘El Santo’ y la guardería municipal.
Los populares acusan a la alcaldesa, Silvia Cao, de estar obsesionada con el concejal Roberto Enrique Fernández y aseguran que esta muestra un claro desconocimiento sobre el funcionamiento del consistorio, especialmente en lo relacionado con la votación en contra de ciertos expedientes, asegurando que dicha documentación que incluye las facturas de la Residencia de Mayores, la Escuela Infantil y otros servicios municipales, nunca son sometidos a votación; simplemente se dan a conocer en las comisiones, acompañados siempre de los informes de Fiscalización de la Intervención Municipal.
El grupo popular asegura que en las cerca de 40 comisiones celebradas en este mandato, ha sido una excepción que algún expediente de pagos no haya tenido reparos por parte de la intervención, no solo en relación con los servicios que se pretende privatizar, sino también en los que afectan al propio Ayuntamiento. ‘Ante esto, le sugerimos a la alcaldesa que, siguiendo su lógica, debería considerar externalizar todos los servicios’, exponen.
Indican que han solicitado formalmente, por escrito y para que conste en acta, que la Intervención Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento remitan a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Castilla y León, una copia certificada de todos los informes de fiscalización con disconformidad, así como los Decretos de Alcaldía que solucionen los reparos entre julio de 2023 y diciembre de 2024 (ampliable hasta enero de 2025). ‘Esto se solicita con el fin de determinar si las acciones del Equipo de Gobierno pueden constituir algún ilícito penal o infracción administrativa, para evitar posibles cargos por encubrimiento si no se denuncian ante las autoridades competentes. Como oposición, nuestra tarea es velar por el buen uso del dinero público y asegurar el cumplimiento de la ley, por lo que instamos a que se tomen las decisiones correctas y no se recurra a la privatización, sino a buscar soluciones alternativas’, sostienen.
En cuanto a la privatización de la Residencia y la Guardería, afirman que en el período entre junio de 2011 y junio de 2012, cuando Roberto Enrique Fernández formaba parte del equipo de gobierno de Otero, estos servicios ya estaban privatizados con contratos vigentes firmados por el anterior alcalde socialista. y que durante ese tiempo, no se tomaron nuevas decisiones ya que los contratos no finalizaban hasta 2013 y Fernández ya había dejado de ser parte del gobierno municipal.
‘En la Comisión de Cuentas, hemos dejado claro que nos oponemos firmemente a la privatización de estos servicios y que trabajaremos por recuperar la gestión pública del servicio de aguas. Además, hemos expresado nuestra solidaridad con las trabajadoras de la Guardería y la Residencia, quienes han sido engañadas durante más de dos años por el PSOE y la UPL con falsas promesas de negociación. Estas trabajadoras, a las que se les ha negado su derecho a ser incluidas en el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento, han sido mantenidas en un Convenio privado que las excluye de derechos fundamentales’, argumentan.
‘El equipo de Gobierno ha demostrado una total incapacidad para gestionar el Ayuntamiento de Bembibre y, si tuvieran algo de vergüenza, deberían dimitir y dejar el gobierno en manos de personas capacitadas para cumplir con la legalidad administrativa’ concluyen.