El poder inane del PP

El absolutismo, como sistema político, se caracterizó por la concentración de los poderes del Estado en una sola mano, el rey, en el que además residía la soberanía. La justificación de ese inmenso poder lo explicaron algunos pensadores bien en su carácter vicario, es decir, como representante de Dios en la tierra (Bossuet), bien en su posición arbitral para posibilitar la convivencia en la sociedad política, ya que el estado de naturaleza no era más que una guerra de todos contra todos (Hobbes). En cualquiera de los casos, el poder absoluto se entendía como indiscutido porque su fin último era garantizar la paz y el orden por oposición al Estado feudal, en que la atomización del poder entre señores había sido una fuente de desórdenes y del poder de los fuertes sobre los débiles.

Sin embargo, el absolutismo, como hecho histórico, no fue un poder omnímodo en la práctica, porque el monarca vio limitado su poder más que por las leyes públicas, sus propias pragmáticas o las de sus antecesores, por los privilegios, que no eran sino leyes privadas. Los privilegios de determinados territorios, que los habían logrado por cesión en el pasado de otros monarcas, y los de determinados grupos sociales (nobleza y clero) y personas concretas fueron una cortapisa a aquel teórico inmenso poder. Por eso, pese a las políticas que algunos monarcas intentaron llevar a cabo con el objetivo de lograr una mayor armonización y homogeneización territorial, o limitar los privilegios de ciertos órdenes sociales, no lo consiguieron o encontraron una fuerte resistencia.

La lucha contra el absolutismo se centró primero en lograr una división de poderes (Montesquieu), es decir que los poderes del Estado se encarnaran en órganos diferentes para de este modo contrarrestarse mutuamente. Tal conquista, tras la revolución francesa de 1789, con su corolario de que la soberanía reside en la Nación, daría origen a los sistemas parlamentarios de la primera mitad del siglo XIX. Más tarde se conquistaría la democracia, es decir, un sistema por el que los representantes de la Nación en esos poderes habrían elegirse por los ciudadanos mayores de edad. Para hacer posible este hecho los partidos políticos, que como clubs o grupos de notables habían surgido durante la etapa liberal, se convirtieron en la clave de los regímenes democrático, convertidos ya en el siglo XX en una partitocracia o sistema de partidos.

La partitocracia, a pesar de que los partidos han invadido no sólo el ámbito público sino la vida civil hasta ocuparlo todo, eliminando así la división de poderes y limitando, en la práctica, la democracia convertida en una mascarada en la que los ciudadanos votamos cada cuatro años lo que nos imponen, la partitocracia, digo, no es un poder omnímodo o absoluto. No puede hacer lo que quiera; es más, ya casi no puede hacer más que vivir a costa del erario público, chupando como parásitos la sangre de los ciudadanos. Nadie sabe ahora donde reside la soberanía nacional. Como en la Edad Media vuelven los poderes supranacionales (Papado e Imperio) y la nación se desintegra en un nuevo mosaico feudal, en el que los poderosos aplastan y humillan a los humildes, sean territorios o personas.

Pocas veces hemos visto, en los años que llevamos del llamado Régimen Democrático, que un partido haya conseguido, por elección democrática y por tanto con absoluta legitimidad, tanto poder como el que tiene el Partido Popular de Mariano Rajoy en España. Tiene mayoría aplastante en el congreso de los diputados y en el senado; gobierna en buena parte de las comunidades autónomas y en la mayoría de los municipios (casi todas las capitales de provincia tienen gobiernos del PP). Esto en lo que se refiere al ámbito parlamentario y ejecutivo, porque también podríamos hablar del poder judicial, ya que tanto en el Consejo general como en los tribunales supremo y constitucional, sus componentes han sido nombrados por los partidos y, por tanto, mayoritariamente por el PP. Sin embargo, su poder parece extraordinariamente débil.

Los ejemplos son evidentes y diarios. Toda su política económica está bajo la lupa y, en muchos casos, directamente supeditada a lo que digan la Unión Europea, el Banco Central Europeo y otros organismos internacionales. La globalización obliga a acatar, pese a condiciones muchas veces leoninas, tales decisiones –eufemísticamente llamadas recomendaciones- si uno quiere contar con ayudas económicas o que no te echen de los mismos. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de la doctrina Parot, que dejará en libertad a varias decenas de terroristas, violadores y asesinos es otra muestra de que tanto poder sirve para bien poco. La firma de determinados tratados internacionales cuestiona o limita la soberanía nacional. Nos echamos las manos a la cabeza sobre una sentencia tan fuera del sentido común, pero así lo han querido el gobierno del PSOE (Zapatero nombró al juez español contrario a esa doctrina) y el del PP (Rajoy no revocó aquel nombramiento aunque pudo). No es extraño que muchos vean en ella una imposición del ETA para dejar de matar.

Es decir, tal decisión puede verse como algo interno. Por eso, no hay que salir de España para darse cuenta como tampoco sirve tener tanto poder si no se sabe qué hacer con él. No me refiero solo a la dificultad de imponer una ley como la de Educación, contestada no solo por los profesores sino por los nacionalistas e incluso por algunas comunidades gobernadas por el PP, me refiero sobre todo a  unos partidos nacionalistas que no acatan las leyes, que hablan y sobre todo actúan impunemente, sin que los fiscales y jueces actúen contra ellos, pese a que cometen delitos tipificados por las leyes, como el de sedición. ¿Cómo va a atajar el PP, pese a su inmenso poder en las urnas, ese problema si es incapaz de poner orden en sus propias filas en un tema como el de la organización territorial del Estado? Nadie en el PP, tampoco en el resto de los partidos, quiere reducir el estado autonómico, pese a que es inviable; nadie quiere suprimir el caos municipal, por eso la ley local será el parto de los montes. ¿Para qué seguir? El PP tiene poder pero no para utilizarlo en bien de los ciudadanos sino de sus militantes, como el PSOE, como los sindicatos, etc.