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Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10 de octubre, el movimiento asociativo Salud Mental España, bajo el lema ‘Salud mental y bienestar, una prioridad global’, hace visible la necesidad de una mayor inversión en recursos para atender la salud mental y reclama que estas inversiones sean una prioridad para las administraciones públicas a todos los niveles, “si realmente queremos prevenir una pandemia de salud mental”, sentencia la presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León, Elena Briongos Rica.
La pandemia provocada por el COVID-19 ha sacado a la luz, con mayor fuerza que nunca, la fragilidad de la salud mental y la necesidad de prestarle atención de urgencia. Un informe sobre políticas acerca del coronavirus y la salud mental, publicado por las Naciones Unidas el pasado mes de mayo, revela que la pandemia ha puesto de manifiesto “la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en servicios de salud mental si el mundo no se quiere arriesgar a que se produzca un aumento drástico de los trastornos psíquicos”.
“Contar con más recursos humanos y materiales es una reivindicación histórica en Salud Mental España, que, con la situación actual y como hemos comprobado por la experiencia de nuestro movimiento asociativo, es más urgente que nunca”, explica Briongos Rica, que advierte: “Vienen tiempos muy difíciles de crisis económica, desempleo, desahucios, que van a afectar a la salud mental de toda la población, generando problemas, o agravando los ya existentes; y a esto se suman los suicidios, que, aunque no disponemos de datos oficiales, sí tenemos constancia, por nuestras entidades, de que la situación está empeorando”.
Uno de los principales problemas de la salud mental en España es la precariedad de recursos dentro del ámbito sociosanitario público, que ahora, con la pandemia se ha hecho más visible que nunca.
Por ejemplo, según el Consejo General de Psicología, España tiene cuatro veces menos profesionales de la Psicología en la sanidad pública que la media europea (4 por 100.000 habitantes frente a los 18 por 100.00 en Europa), e igualmente, en Atención Primaria, puerta de entrada a la atención en salud mental, hay una falta, tanto de profesionales, como de formación específica en salud mental, que no está permitiendo detectar de manera temprana los trastornos mentales y derivar a los recursos comunitarios existentes.
Para Briongos, “con la pandemia se han puesto en clara evidencia las lagunas de nuestro sistema, cuando hemos visto una ausencia generalizada de protocolos específicos para atender la salud mental de las personas afectadas por el COVID-19 y su entorno, pero también la de los y las profesionales del ámbito sociosanitario”.
De hecho, la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) han denunciado la incertidumbre y el estrés que conllevan las dificultades en la atención médica durante un brote epidémico como el del COVID-19, y han exigido una especial atención a las necesidades de apoyo emocional del personal sanitario.
Respecto al ámbito laboral, en general, Briongos recuerda también la importancia de que “las empresas implanten y respeten medidas de conciliación, y propicien condiciones laborales adecuadas, evitando situaciones de acoso, discriminación o explotación laboral”.
