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La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Laura Martín, anunció este viernes en el municipio berciano de Cubillos del Sil que el registro estatal en el que consten los trabajadores de las empresas auxiliares que operan en las centrales térmicas quedará oficialmente constituido el próximo 27 de julio. Con esta herramienta, el Ministerio confía en poder hacer un seguimiento “nombre a nombre” de la situación de estos empleados y del grado de cumplimiento de los compromisos adoptados por las eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola para priorizar a estos trabajadores en las labores de desmantelamiento de las centrales y ofrecerles formación en el campo de las energías renovables.
En su visita a la comarca berciana, Martín también mantuvo varias reuniones de trabajo con empresarios de la zona, que remarcaron la necesidad de disponer de “apoyos a corto plazo” tras el cierre de la central térmica de Compostilla. “Hay propuestas, será nuestra responsabilidad acompañarlas de la mejor manera posible”, explicó la directora del ITJ, que reconoció que “si la transición justa no funciona para la provincia de León, es que no funciona”.
En ese sentido, Martín confió en las herramientas que proporcionará el fondo europeo específico que se negocia en la actualidad, dotado con 40.000 millones, de los cuales 1.800 corresponderían a España según la primera propuesta de la Comisión. Igualmente, destacó que los convenios de transición justa serán capaces de ofrecer “soluciones a medio plazo”, a través de las propuestas que se pueden presentar hasta el 31 de julio.
En esa línea, Martín subrayó que la financiación de estos proyectos deberá ser “constante” en los siguientes proyectos de Presupuestos Generales del Estado y destacó que las cuentas actuales ya incluyen dos líneas de financiación dotadas con un total de 34 millones para paliar la caída de la economía en las zonas mineras y en los municipios afectados por el cierre de térmicas. De la misma manera, la directora subrayó que el “mapa final” de los convenios de transición justa tendrá que incorporar elementos que partan del sector público.
Por lo que respecta al futuro de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Martín avanzó que se evaluarán las posibilidades de reforzar las áreas de investigación y de museos de la entidad, de cara a aprovechar los “activos interesantes e infrautilizados” de la Fundación. Al respecto, citó el almacenamiento renovable o el hidrógeno verde como tecnologías de futuro en este ámbito.
Por último, la directora del ITJ también valoró el proceso abierto por Endesa para buscar nuevos usos para el terreno ocupado por las instalaciones de Compostilla. Martín confió en que el proceso de selección de proyectos concluya en una “valoración seria” y rechazó dar detalles sobre las iniciativas debido al acuerdo de confidencialidad que rige sobre este proceso.
Por su parte, los alcaldes de Ponferrada y Cubillos, Olegario Ramón y Antonio Cuellas, no ocultaron su “escepticismo” sobre este proceso y exigieron a Endesa un “compromiso real” con el territorio. “No vamos a participar en una farsa para que Endesa salve la cara”, explicó Cuellas, que lamentó que la compañía hable de más de 600 millones de inversiones en renovables en el área de Compostilla cuando en realidad esa potencia se instala en zonas como Villameca o La Cabrera. El regidor de Cubillos subrayó que la zona necesita un proyecto capaz de “dar un espaldarazo a la economía de la comarca” ante la “situación de incertidumbre” a la que se enfrenta.
De la misma manera, Ramón señaló la situación de “emergencia vital” que atraviesa el territorio berciano tras el cierre de las minas y las térmicas y lamentó las “prisas” con las que se tiene que llevar a cabo un proceso del que se tenía conocimiento al menos desde el año 2010. Con respecto a Ciuden, Ramón valoró que el Ministerio abra la puerta a la puesta en valor del antiguo edificio de Compostilla I y remarcó la necesidad de llevar a cabo un “estudio económico serio” sobre los usos a los que se podría destinar el inmueble.