El informe ratifica que Triana Martínez no fue despedida de la Diputación

ICAL La Diputación de León ratifica con el informe del jefe de Recurso Humanos que Montserrat Triana Martínez, una de las detenidas por el asesinato de la presidenta provincial, Isabel Carrasco, no fue despedida y que cesó en 2011 tras no superar la oposición convocada para cubrir la plaza de ingeniero de Telecomunicaciones de forma definitiva.

Según el informe elaborado por la institución provincial, Montserrat Triana Martínez entró a trabajar en la Diputación el 1 de junio de 2007, cuando tomó posesión de una plaza vacante y tras haber obtenido la mayor puntuación entre la relación de aspirantes que concurrieron a la bolsa de empleo temporal convocada el 24 de abril de ese mismo año.

Así, sus retribuciones anuales brutas por ese puesto de trabajo, adscrito al Servicio de Asistencia a Municipios y Cooperación, oscilan entre los 33.015 euros de 2007 y los 33.953 euros de 2011. En ese año finalizó su relación laboral con la institución provincial después de que se decidiera modificar la ubicación del puesto de trabajo -que pasaría a estar adscrito al Área 1 de Presidencia y Servicios Generales y Servicio 1 de Tecnologías de la Información- y abrir el proceso de cobertura definitiva con una oferta de empleo público con oposición libre.

Montserrat Triana Martínez se presentó a ese proceso y fue eliminada en el primer examen, según recoge el informe, con una puntuación de 2,275. Sólo uno de los candidatos superó esa primera prueba y tomó posesión el 6 de mayo de 2011, coincidiendo con el cese de la detenida. Además, destaca el informe, no consta reclamación alguna contra ese cese.

En los juzgados

Por otro lado, el informe también hace referencia a los litigios existentes entre la Diputación de León y Montserrat Triana Martínez, que fueron iniciados por ésta al presentar un contencioso administrativo contra un decreto de la Presidencia por la que se le reclamaban 11.046 euros en concepto de “cantidades indebidamente percibidas en las nóminas” y justificadas por el hecho de haber cobrado la totalidad de complemento específico cuando compatibilizaba el servicio público con actividades profesionales privadas.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León estima el recurso de Montserrat Triana Martínez y, entonces, la Diputación de León debía acudir a procedimiento de declaración de lesividad por el que se le reclamaba el pago de 6.583 euros, al considerar prescrita la diferencia entre dicha cantidad y los 11.046 euros inicialmente reclamados.

A este respecto, el informe puntualiza que la vista de este juicio está prevista para el próximo 14 de julio y que, por lo tanto, “no hay sentencia”. Asimismo, recalca que “no consta ninguna reclamación administrativa ni procedimiento judicial respecto a la cobertura de la plaza-puesto de ingeniero de Telecomunicaciones”.