El Gobierno trabaja para garantizar la quema de carbón nacional

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha comparecido este lunes en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Allí, Nadal ha señalado que el Gobierno no tiene todavía un mecanismo que garantice la quema de carbón autóctono en las centrales térmicas a partir de 2015, fecha en la que finaliza el Real Decreto de Garantía de Suministro, aunque sí el Gobierno está negociando con el operador del sistema para “garantizar un hueco térmico mínimo al carbón nacional, y una vez que lo tengamos diseñado, hablar con las empresas eléctricas para garantizar su buen funcionamiento”.

En cuanto a la propuesta presupuestaria para la minería del carbón, unos 522 millones de euros a través del Instituto del Carbón, el secretario de Estado de Energía ha defendido el mantenimiento de las partidas para ayudas a la producción, de manera decreciente para que las empresas vayan ganando competitividad en estos años y que a partir del 2018 puedan ser competitivas y seguir operando sin ayudas. También ha destacado “el colchón social importante” para prejubilaciones y bajas incentivadas, “que permita a aquellos trabajadores de la minería que son jóvenes readaptarse a otra actividad mientras aquellos que tienen determinada edad y es difícil su recolocación con un programa de prejubilaciones parecido al que tenían aunque un poco más modesto debido a las condiciones presupuestarias pero se sigue manteniendo el apoyo social”.

A su vez, Alberto Nadal considera que el Gobierno está haciendo un esfuerzo económico en la reactivación de las cuencas mineras “tanto para proyectos empresariales como para infraestructuras para dar una vía alternativa a estas comarcas que vean reducida su actividad, todo ello en un contexto, vuelvo a repetir, en el que se mantiene una parte importante en la producción de la minería de carbón en España y se la prepara para que a partir del 2018 sin ayudas pueda ser competitiva y pueda seguir operando”.

Son en total 522 millones de euros, de los cuales 353 se destinarán a medidas sociales, 51,9 millones a infraestructuras y 51 a proyectos empresariales.