El fiscal pide entre 7 y 10 años y medio de cárcel para los tres leoneses que serán juzgados dentro de la Operación Púnica

El expresidente de la Diputación de León y actual alcalde del municipio de Cuadros, Marcos Martínez, el exinterventor ‘Suso’ López y el exalto cargo y actual regidor de Puebla de Lillo recogieron hoy en la Audiencia Nacional el auto de apertura de juicio dentro de la Operación Púnica. La Fiscalía, según publica ‘Ileón.com’, solicita para Martínez entre ocho y diez años y medio de prisión.

Por presunta malversación de fondos y falsedad documental, se reclaman cinco años y seis meses y por tráfico de influencias, un año más. Si se estimara el delito de fraude, se añadiría año y medio de prisión y si en lugar de eso se demostrara un delito de cohecho, serían cuatro años. Además, se reclama un período de inhabilitación para ocupar cargo público de más de 20 años. Cabe recordar que Martínez además de ser alcalde es funcionario de Justicia.
Para el que fuera interventor general de la Diputación leonesa, Manuel Jesús López Sánchez, ‘Suso’, la Fiscalía pide siete años de cárcel -cinco años y seis meses por un presunto delito de malversación y falsedad y otros 18 meses por otro de fraude, a lo que se añadirian 18 años de inhabilitación especial.

Las penas solicitadas para Pedro Vicente Sánchez, que ocupó el área de Turismo de la institución provincial, ascienden a siete años de prisión si se le condena por delitos de malversación y falsedad (cinco años y seis meses por ellos) y por fraude (un año y seis meses) más, pero que podrían alcanzar los nueve años y seis meses si en lugar de fraude se considerase un delito de cohecho, que conllevaría cuatro años de cárcel. La inhabilitación, en su caso, sería según la petición del fiscal de 18 largos años, teniendo, como Martínez Barazón, que abandonar el acta que le mantiene de alcalde y el puesto de secretario que ejerce en otro municipio de la montaña leonesa.

El juicio aún no tiene fecha y a los tres se les obliga a depositar una fianza solidaria de 28.500 euros. Las penas que reclaman para ellos superan a las del llamado ‘conseguidor’, Alejandro de Pedro.