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El Gobierno ha hecho suya la demanda común de empresas y sindicatos de “flexibilizar” el uso de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) declarados por covid-19 con un desenganche progresivo, pero incentivará a la vez la vuelta de los trabajadores a la actividad.
Se baraja una fórmula que reduciría las bonificaciones para los que se queden y las ampliaría para aquellos otros que vuelvan trabajar, cuya aprobación está prevista para el próximo Consejo de Ministros, según han detallado a Servimedia fuentes del Gobierno.
Su articulación forma parte de unas medidas de “flexibilidad” de los ERTE que el Ejecutivo ha estado tratando con los sindicatos y empresarios para adaptar el mecanismo a la evolución de las fases de desescalada que arranca ya el próximo lunes con la apertura gradual de buena parte de los negocios.
“Es una figura jurídica que somos conscientes que está protegiendo a más de tres millones de trabajadores, y somos empáticos a su realidad y a la de las empresas. Tenemos que convertir los ERTE en incentivos para la reactivación económica y la reincorporación laboral en las próximas semanas”, avanzó este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sobre la mesa está la salida gradual de la plantilla de los ERTE y la opción de favorecer el regreso a la normalidad de los empleados con reducciones de jornada, fórmula esta última que implicaría un impacto económico inferior para los trabajadores a la vez que facilitaría la desescalada diseñada como un regreso progresivo, pero limitado, para muchos negocios.
El Gobierno prevé que el PIB caiga un 9,2 por ciento este año y la tasa de paro suba al 19 por ciento como consecuencia del impacto del Covid-19. Para 2021 espera que la economía rebote y crezca un 6,8 por ciento, mientras que la tasa de desempleo se reduciría al 17,2 por ciento.
Son los datos del cuadro macroeconómico enviado a Bruselas este viernes y que, tras su difusión, la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, valoró reparando en que el desplome del empleo será inferior al previsto del PIB gracias, precisamente, a las medidas de protección social como los ERTE.
El proyecto de vuelta gradual a la normalidad y con fuertes limitaciones en numerosos sectores ha provocado agrias críticas de los empresarios y clamaba un cambio, ya que el ERTE ligado al Covid-19 se había regulado con fecha de caducidad en su uso cuando se levantase el estado de alarma y el retorno será no solo gradual sino limitado.
Los restaurantes, la hostelería y las cafeterías, por ejemplo, tendrán limitado su aforo al 50 por ciento de su capacidad cuando finalice el proceso de desescalada y se alcance la “nueva normalidad” hasta que se encuentre un remedio terapéutico o una vacuna contra la pandemia.
Pero es que además esa “nueva normalidad” tardará entre seis y ocho meses en llegar si no hay retrocesos por razones sanitarias que aconsejen reinstaurar restricciones más dudas. Otros negocios, como el transporte o más ligado a los viajes extranjeros tendrán además que esperar hasta que se normalicen los movimientos de personas entre fronteras, algo para lo que ni siquiera hay aún calendario.