Iván Alonso, portavoz de (CB), expresó su total desacuerdo con esta decisión por entender que esta medida supone una “devaluación de la institución”, ya que considera que la rebaja de categorías pone en riesgo la calidad y la imagen del Consejo Comarcal.
Alonso también lamenta que se utilice como justificación la falta de personal, cuando recientemente se anunció la incorporación de 161 secretarios, tesoreros e interventores para los ayuntamientos de Castilla y León. A su juicio, el Consejo debería ser una institución “atractiva” por sí misma, y no depender de estas medidas para conseguir trabajadores. Además, considera que esta rebaja afecta la capacidad negociadora del Consejo, dificultando futuras demandas de competencias a la Junta o las mancomunidades.
Por otro lado, el portavoz del PP, José Manuel Pereira, aceptó la medida de reclasificación, aunque reconoció que no era la solución ideal. Subrayó la necesidad de agilizar la situación para que los presupuestos se aprueben a tiempo, después de dos años de prórrogas. Pereira también destacó la importancia de estabilizar los puestos de trabajo para poder avanzar en el futuro del Consejo.
Olegario Ramón, presidente de la entidad comarcal, defendió la medida, explicando que los problemas para cubrir las plazas de Intervención y Secretaría han retrasado la aprobación de los presupuestos. Aseguró que esta reclasificación es “una cuestión de supervivencia” y que permitirá resolver los problemas de cobertura sin depender de funcionarios de categoría superior. Ramón insistió en que esta medida es necesaria para garantizar el funcionamiento de la institución y solucionar los problemas más urgentes, como la falta de personal para los puestos clave. Además, confía en que la Junta ratifique la decisión y que las plazas se cubran a través del próximo concurso.