El Ayuntamiento gastó 164.000 euros en ayudas extraordinarias durante el estado de alarma

El Ayuntamiento de Ponferrada gastó 164.000 euros extraordinarios durante el estado de alarma en ayudas a familias que se quedaron si trabajo o que no pudieron ir a trabajar. También se entregaron 42 vales de alimentos, 22 lotes de comida y a través del Banco de Alimentos la ayuda aumentó en 400 lotes más.

Se trata de familias que no perciben estas ayudas habitualmente sino que se vieron en situación de necesidad a causa de la covid. En el albergue de peregrinos se acogió durante las semanas de confinamiento a aquellas personas sin hogar que así lo pidieron, que fueron nueve. Desde los servicios sociales del Ayuntamiento dieron las gracias a la veintena de voluntarios que fueron rotando para hacerlo posible.

Plan de conciliación

La concejala de Bienestar Social, Lorena González, ha presentado este lunes el plan de conciliación del Ayuntamiento de Ponferrada para este verano. Se trata de una serie de actividades dirigidas a niños que son, en algunos casos, gratuitas.

Para la concejala, los cuidados son un “tarea pendiente”, lo que sumado a la crisis de la covid convierten estas políticas en pro de la conciliación en herramientas a las que “no podemos renunciar”, ha dicho. Lorena González aludió a un estudio reciente de la Universidad del País Vasco según el cual las madres han sido quienes más han sufrido durante el confinamiento. A ellas y a las familias monoparentales es a quien más se intenta ayudar con estas políticas de conciliación pero asimismo, explicó González, son de interés para los más pequeños. “Tienen que salir e interactuar”, recordó la concejala, para logar el “desarrollo de las habilidades sociales”.

El Plan de Conciliación del Ayuntamiento tendrá varios frentes. Uno de ellos, en las escuelas infantiles del municipio, donde, manteniendo el precio del resto del año, podrán acudir los niños de 0 a 3 años de 8 a 14 horas a partir del mes de julio. La primera escuela infantil que abrirá será la Camino de Santiago (que es la que se encuentra en las cercanías de la Universidad). Podrán juntarse hasta 35 menores en ella, según las medidas de seguridad que maneja el Consistorio. De superarse el número de inscritos, se procederá a abrir otra de las escuelas infantiles de la ciudad.

También habrá actividad (por 3 euros el día) en las ludotecas de Flores del Sil, Dehesas y Fuentesnuevas. Y en el antiguo colegio Luis del Olmo, durante las mañanas del mes de julio. Estas actividades serán para grupos entre los 4 y los 8 años.

En el centro cívico de Flores del Sil se impartirán talleres para niños entre 4 y 13 años. Además, habrá uno de programación de videojuegos para mayores de 14 años.

Las inscripciones pueden hacerse del 1 al 3 de julio en los teléfonos 42 41 57 y 40 32 17. La concejala de Bienestar Social incidió en la importancia de conocer cuanto antes el número de familias que van a recurrir a la oferta de este Plan de conciliación para poder organizar las actividades con todas las garantías de seguridad. Entre esas medidas, por ejemplo, habrá que llevar un babi para los niños, que deberá permanecer en las escuelas, y asimismo contar con un calzado para estar en el interior de las mismas. En caso de que un niño muestre síntomas tales como fiebre alta, los padres estarán obligados a acudir a recogerlo. No podrá participar en la actividad durante los 14 días siguientes, para garantizar la seguridad de todos.

Municipalización de las escuelas infantiles

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, explicó este lunes que desde el primer momento han planteado y estudiado la fórmula para “llegar al fin, que es la municipalización” de las escuelas infantiles. Hoy por hoy, este servicio lo gestiona una empresa privada, pero en el futuro lo hará directamente el Ayuntamiento.

Para llegar a ello, desde Bienestar Social harán próximamente un contrato puente de un año prorrogable a dos tras el cual el Ayuntamiento empezará a dar el servicio. De esta manera, según Lorena González, se podrá mejorar las condiciones de quienes trabajan en “un servicio esencial que no puede estar en manos de empresas privadas”