El Ayuntamiento pospone tomar una decisión sobre el contrato de la basura

El Ayuntamiento de Ponferrada ha dictaminado este miércoles en sesión extraordinaria posponer la toma de decisión sobre el contrato de recogida de basura, limpieza viaria, parques y jardines. El punto, “Propuesta de adjudicación del contrato de gestión de los servicios públicos de Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado en el término municipal de Ponferrada”, ha quedado sobre la mesa.

Los votos de los populares, a excepción del edil de Medio Ambiente, Roberto Mendo, que se abstuvo, y el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, no fueron suficientes para sacarlo adelanto por lo que quedó aprobada automáticamente la segunda parte del enunciado: “solicitar informes técnicos, jurídicos y económicos sobre la viabilidad de la renuncia del contrato, por razones de interés público”.

Los servicios municipales tendrán que emitir sendos informes, según el equipo de gobierno, antes del pleno ordinario del próximo viernes 29 de junio. En base a ellos, durante la sesión se decidirá si se readjudica el contrato a Urbaser o si se saca de nuevo a licitación. Mientras tanto, la Alcaldía empezará a pagar 150 euros diarios a partir de este jueves como multa por alargar el proceso.

Lo que para los portavoces del PSOE, Coalición por el Bierzo, Ciudadanos y Ponferrada en Común ha supuesto una prórroga más de la toma de decisión, que según ellos se podría y se debería haber tomado hace ya dos años cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el macrocontrato de FCC a 20 años, para Carballo ha sido un “alivio”: “por fin le ha entrado la prisa por solucionar esto, alcaldesa. Cuando el zapato aprieta. Cuando le aprieta a los demás no”, se congratuló lanzando un pequeño dardo envenenado a la regidora.

“¿Qué se va a hacer? Si renunciamos al contrato luego qué, ¿va a ser un contrato público o se va a llevar a contratación de terceros?”, cuestionó el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, quien reiteró su defensa de remunicipalizar el servicio culpando a “las negligencias de quien nos gobierna” las dudas sobre el proceso.

“O se adjudica a Urbaser o se adjudica a Urbaser. No hay otra opción”, sentenció el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz. “El juez dictaminó una sentencia y ahora quien tiene que cumplirla es usted”, apeló a la regidora, “no estamos en el punto que deberíamos estar (el de resolver la sentencia) ni vamos a aprobar lo que deberíamos aprobar (una nueva adjudicación). El juez se va a enfadar y va a pensar que le estamos tomando el pelo”, valoró.

La posición de Ciudadanos la defendió la edil número dos de la formación, Ruth Santín, ante la ausencia de la portavoz Rosa Luna “por motivos personales”. La formación naranja culpó a la alcaldesa de “jugar al escondite” con el tema “con el único objeto de retrasar la adjudicación”. “Mientras usted espera y piensa qué hacer la ciudad sigue sucia, la maquinaria que no está bien está peor y el fondo de más de 600.000 euros para inversiones en el servicio no se puede tocar”, aseveró.

Quien intervino un turno antes en esta sesión fue el portavoz socialista, Olegario Ramón, gracias a que el portavoz de USE Bierzo y exregidor de la ciudad en el momento de adjudicación del contrato anulado por el TSJ, Samuel Folgueral, declinó hacer uso del suyo las dos ocasiones. Ramón también apuntó a que la “urgencia” de Merayo por resolver el contrato después de que lleve dos años anulado se debe a que “se ha solicitado una multa diaria” de 150 euros por demora. “Ahora quiere, además, pedir unos informes que en dos años no se han pedido para socializar la culpa personal e intransferible de la alcaldesa”.

A todos ellos contestó el portavoz popular Ricardo Miranda con una acusación velada. “El pleno es el único que puede pedir los informes, no la mesa. Si nosotros no lo hemos traído antes a pleno, ¿por qué ninguno solicitasteis un pleno como el del Mundial de Ciclismo para resolverlo? Vamos a ser serios”. Como cierre a la sesión, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, quiso aclarar que “no estamos a favor ni en contra de ninguna empresa. Estamos en contra de este contrato que no es bueno para Ponferrada, para la ciudadanía ni para los trabajadores. Por eso vamos a pedir los informes, para saber si existen causas suficientes para renunciar al contrato por interés público y después decidir qué hacemos”.